Luis Carlos Ugalde señala en su libro “Rendición de cuentas y democracia. El caso de México”, que la transparencia no implica un acto de rendirle cuentas a un destinatario específico, sino la práctica de colocar la información en la “vitrina pública” para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo para sancionar en caso de encontrar anomalías en su interior. Esto quiere decir que toda la información que se genera desde el gobierno y que es pública por regla general, debe ponerse a la vista de todos para que cualquier persona pueda tener acceso a ella.
Esto que Ugalde llama “vitrina pública” no es otra cosa que la Plataforma Nacional de Transparencia y los portales institucionales de las organizaciones políticas y burocráticas que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública define como sujetos obligados.
Cuando la información no se encuentra dispuesta en ese portal, entonces el ciudadano cuenta con otro instrumento que son las solicitudes de información.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) las solicitudes de información se han triplicado en este gobierno, una de las razones posibles son “las mañaneras” del presidente. Todos los días en su conferencia suelta información de muchos temas, de los que posteriormente se hacen solicitudes de acceso para ampliar o corroborar la información. Lo que está siendo cuestionado es la calidad de las respuestas que se están dando desde la Oficina de Presidencia, por la gran cantidad de recursos de revisión que se han presentado ante el órgano garante, particularmente porque se declara inexistente la información. Este solo rubro se cuadruplicó en este primer semestre en comparación con otros gobiernos. 2,476 en el gobierno de Calderón, 3723 con Peña y 9,650 con Andrés Manuel, solicitudes de información que fueron declaradas inexistentes.
Hay que decir que la declaración de inexistencia de la información está prevista en la Ley en la materia, pero su uso es exclusivo y debe ser suficientemente justificado, cosa que no está sucediendo.
Resultará lógico que el presidente declare inexistente el memorándum con el que ordenó la cancelación de la reforma educativa, o bien, la carta enviada al Rey de España en la que el presidente le solicita una disculpa pública por la conquista de México. Tiene lógica que el gobierno no tenga el documento que el presidente firmó donde se compromete a no reelegirse. Estas son algunas de las solicitudes de acceso a la información que fueron declaradas inexistentes y que, desde luego no suena lógico, suena más bien a una tomada de pelo.
Volviendo a la definición que hace Ugalde sobre la transparencia, pareciera que la “vitrina pública” de este gobierno está empañada, y apenas vamos en el primer año. Falta mucho por ver.
