Casi dos décadas en su campaña por la Presidencia de la República, haciendo del insulto y la promesa fácil su carta de presentación, debieron ser suficientes para advertir que el comportamiento de AMLO en campaña sería el mismo que tendría como Presidente. Tal como ocurre.
Pocas semanas después de su llegada al cargo, recuerdo haber leído de un analista que ni la personalidad autoritaria ni las propuestas cargadas de populismo debían ser motivo de preocupación, ya que un Presidente por si solo, no podía concretar el “cambio de régimen” anunciado. Que lo verdaderamente grave sería que las instituciones del Estado, particularmente el Poder Legislativo, utilizara su mayoría morenista para aprobarle todo sin mayor análisis ni condición. De nuevo tengo que decir, como ocurre (al menos en la Cámara de Diputados).
Este razonamiento tiene sustento si tomamos en cuenta que México se rige bajo los principios de la separación de poderes. La Carta Magna otorga facultades jurídicas a cada Poder, que no necesariamente son excluyentes, sino que en algunos casos se complementan y genera que unos y otros se limiten y se controlen. De ahí parte la teoría de Montesquieu, quien sostenía que “el poder que no es ilimitado lleva necesariamente al abuso y a la arbitrariedad”. Dicho de otra manera, el Presidente no habría podido concretar su propuesta de eliminar el Instituto Nacional del Emprendedor sin el apoyo de los Diputados para abrogar la Ley que le daba sustento. El Presidente no habría podido eliminar el apoyo a las guarderías, el recurso para mujeres víctimas de violencia familiar, el presupuesto para atender a enfermos de sida y de cáncer cérvicouterino sin la aprobación en el Congreso del presupuesto que lo planteaba. El Presidente no puede eliminar la Reforma Educativa por decreto como amenazó, si no la deroga la Cámara de Diputados que es la única facultada para hacerlo. Tal como aquel analista lo advirtió y en contra del espíritu de la división de poderes planteada originalmente por John Locke, la Cámara de Diputados está sometida de manera incondicional a Andrés Manuel López Obrador. La mejor vacuna que puede haber contra el populismo y el autoritarismo está en la fuerza de las instituciones. Lamentablemente, en esa tarea de robustecer la vida institucional , este será un sexenio de retrocesos. Existe por un lado la propuesta del Senador Ricardo Monreal de crear una Sala Anticorrupción en la Corte, que a decir de varios analistas, lo que hay detrás es un plan perverso por apoderarse de la mayoría de los votos, vía la incorporación de nuevos Magistrados para garantizar resultados favorables de los temas que están en la agenda presidencial. Por otro lado, encontramos que fechas atrás, el Presidente ha cuestionado la actuación de varios Órganos Constitucionales Autónomos, acusándolos de ser “un gobierno paralelo, creados para favorecer minorías y simular”. El INAI, el INE, la Cofece, el INEGI, la CNDH, entre otros, han sido objeto de ataques o presiones de diferente naturaleza, pero que parecieran alineadas a una estrategia para debilitar su fuerza. Los excesos o deficiencias de los que se les acusa, bien pueden resolverse con diálogo y por la vía de la rendición de cuentas. Pero es mucho más lo que sirven al Estado, atendiendo asuntos que requiere de un tratamiento de alta especialización técnica en sus respectivas competencias y haciendo posible que a través suyo el estado mexicano garantice el ejercicio de los derechos humanos consagrados en la Constitución.
