Pareciera una batalla ganada la del Instituto Nacional Electoral (INE), toda vez que el presidente dio instrucciones a la Secretaria de Gobernación para que desista -por el momento- de la solicitud de datos biométricos de más de 90 millones de mexicanos que conforman el padrón electoral. Hay que recordar que la solicitud se hizo meses atrás con el supuesto propósito de que sería utilizada para la creación de una cédula de identidad única, a lo cual se negó reiteradamente el INE por tratarse de datos personales que, por ley, está obligado a resguardar. “Ya cuando se serenen” (los consejeros del INE) dijo, porque están “muy sensibles”.
Fiel a su costumbre, hace de un problema legal -en el que no le asiste la razón- un conflicto político, bajo la premisa de si no están conmigo están contra mí.
Lo preocupante del caso es que su ofensiva contra el INE, podría esconder la intención velada de hacerse del control de la institución, como lo ha hecho en otros casos. Empezó una guerra contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos para terminar imponiendo a una titular afín, a costa de un procedimiento de selección completamente desaseado en el Senado de la República, lo mismo hizo con los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con otros órganos autónomos.
En el mes de abril 4 de los 11 consejeros del órgano electoral terminarán su período y corresponderá a la Cámara de Diputados, de mayoría morenista, nombrar a los nuevos consejeros. De acuerdo a las posiciones asumidas en distintos asuntos, de los consejeros que continuarán, dos de ellos son afines al gobierno, de tal forma que, en la suma de los relevos, Andrés Manuel podría tener para antes de que empiece el proceso electoral, 6 de los 11 consejeros electorales. Con esa mayoría podría tener injerencia también en los cambios en los OPLE (Organismos Públicos Locales Electorales) que son quienes conducirán los procesos locales de 2021.
Un presidente es poderoso por razones obvias, pero ese poder se vuelve peligroso en la medida que se ejerce de manera ilimitada. Los poderes metaconstitucionales que en el pasado tuvo la figura del presidente en México fueron acotados por la vía legal y con la introducción de cambios institucionales, generando un mayor equilibrio entre los poderes y fortaleciendo los contrapesos. El problema que vemos hoy es que quienes hacen las leyes están del lado del presidente y eso, no necesariamente significa del lado de México.
