OPINIÓN

Jueves negro: una trampa y un delito 

Es difícil sustraerse del tema que ha dominado la conversación pública en México y en las principales ciudades del mundo, máxime cuando se trata de Culiacán. La afectación es directa y el dolor es compartido por quienes vivimos en esta gran ciudad.  

Después de los acontecimientos del pasado jueves, poco a poco la ciudad ha ido recobrando vida, las familias han vuelto a sus actividades cotidianas, los niños y las niñas a la escuela, y los establecimientos comerciales y de servicios levantaron la cortina.  

Por la forma en que se dieron los hechos, reinó el caos, la confusión y la incertidumbre. La gente no tenía idea de lo que estaba pasando, lo único que se tenía claro, era la necesidad de protegerse y proteger la vida de nuestras familias. Ante el riesgo inminente, la ciudadanía empezó a buscar resguardo a como pudo. Entonces conocimos el lado más humano de muchas personas y empresas que, ya fuera en domicilios particulares o en sus negocios, dieron refugio y atención a cientos de personas que quedaron en medio de balaceras y barricadas. Gracias. Gracias de todo corazón. Es imposible saber cuántas vidas salvaron con sus actos, pero seguramente fueron muchas. 

Desgraciadamente no todos corrieron la misma suerte. Hay familias enlutadas por la muerte de familiares que quedaron en el fuego cruzado. Tanto civiles como miembros de los cuerpos de seguridad y de las fuerzas armadas. Para ellos nuestra solidaridad. Que pudieron haber sido más muertos, es cierto. Pero cada vida es una razón más para exigir que se terminen de aclarar los hechos y es que, hay cosas que nada más no encajan en la narrativa que ha venido construyendo la autoridad. 

Lo más lamentable es que lejos de unirnos para exigir respuestas a las autoridades, nos hemos divido. Así lo demuestra la encuesta realizada por el Diario Reforma, donde el 49% de la sociedad está en desacuerdo de que se haya liberado a este personaje y un 45% está de acuerdo. Lo cual me parece tan increíble como carente de lógica, me explico por qué. 

Desde mi punto de vista, estamos frente a una trampa y un delito. 

Andrés Manuel, es experto en polarizar, toda su carrera política se ha dedicado a dividir a la sociedad entre buenos y malos, entre ricos y pobres, entre la mafia del poder y el pueblo bueno…y lo hizo de nuevo. Nos puso una trampa y caímos redonditos. Tiene al país entero confrontado entre la gente buena (como él) que opinan que fue mejor liberar al “detenido” para evitar una masacre, o los malos, que creen que se debe aplicar la fuerza del Estado para detener a los criminales. Yo creo que nadie en su sano juicio puede decir que permitir la masacre era una opción. Pero esa, no fue una decisión que se pudiese tomar, era más bien la única salida que tenían frente a la magnitud de la reacción de los grupos criminales que no previeron, por decir lo menos. AMLO se vendió como el salvador, cuando realmente fue la ineptitud de su gobierno, la falta de estrategia y de inteligencia, la que nos puso en riesgo. 

La discusión de fondo está en el operativo que realizaron. No necesitamos ser expertos en seguridad para observar que fueron error tras error, y sí, ya dijo Durazo que se precipitaron, pero hay muchas cosas que no han dicho. ¿Quién autorizó el operativo? ¿Quién lo planeó? ¿Por qué no participaron los grupos de élite de la Marina que han demostrado tener una mayor preparación para este tipo de operativos? Y, por cierto, por qué es hora que no hay renuncias de alto nivel sobre la mesa.  

Perdón, pero no se trata de repartir culpas, la ley determina el nivel competencial de cada autoridad, de cada poder público y nivel de gobierno, y este, es un asunto que compete de principio a fin al gobierno federal. 

Lo que viene ahora será saber, quien va asumir las consecuencias jurídicas de sus errores. Las posibles renuncias son apenas consecuencias políticas. Pero aquí no se trata de política solamente, se trata de legalidad. La liberación del personaje que tuvieron materialmente detenido, se configura como un delito establecido en el Código Penal Federal, que se paga con cárcel y con la inhabilitación para ejercer cargos públicos por parte de quienes participaron. 

Ya es hora de que dejen de insultar nuestra inteligencia. De esto es de lo que nos tiene que hablar el Presidente. Esas son las respuestas que debemos de exigir.  

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