Las investigaciones por el caso del ‘colchon gate’ siguen en marcha. Se advierte que estas podrían alargarse hasta cinco años dependiendo de lo que surja en el proceso.
Arturo Sánchez Sainz, subsecretario de Transparencia y Contraloría Social, expuso que desde el momento en que se dio a conocer la entrega de colchones en mal estado a las familias damnificadas por la depresión tropical 19-E en septiembre de 2018, se inició una serie de revisiones y llamados a los implicados a fin de deslindar responsabilidades.
El funcionario puntualizó que por parte de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas se inició un proceso, mientras que la Fiscalía General del Estado abrió su propia carpeta de investigación.
“Mientras el proceso esté abierto no se puede dar investigación sobre los avances de la investigación. Los avances normales de una investigación siempre es el emplazamiento de las personas que están involucradas y que de algún modo surgen sus nombres, se les da su derecho de audiencia, para que manifiesten en lo que su derecho convenga, así como el requerimiento a otras instituciones públicas o privadas”.
El ‘colchon gate’ se desató en octubre cuando vecinos de colonias como Loma de Rodriguera, Lombardo Toledano, Ignacio Allende, Santa Fe, Los Mezcales, Infonavit Humaya, Las Cucas, Estación Rosales, Santa Elena y La Higuerita, acusarán la entrega de colchones en mal estado, con mal olor, resortes oxidados y hasta ensangrentados.
Tras las denuncias de los ciudadanos, Gobierno del Estado informó que de un pedido de 2 mil colchones que se hizo mil 197 resultaron defectuosos. Lo que llevó al inicio de una investigación y la salida de Raúl Carrillo Castaños de la Secretaría de Desarrollo Social, instancia que se ocupó de la compra de estos.
Con información de Cristina Medina
