Acerca del terrible problema que más dolor y sufrimiento causa al pueblo mexicano: la violencia y la inseguridad, las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador son claras y contundentes: “El pueblo estaba en estado de indefensión: no había una política de seguridad pública. En todo caso, no teníamos una fuerza, un agrupamiento para enfrentar el gran problema de la inseguridad. Las fuerzas armadas reciben órdenes y ahora no han recibido una orden que signifique masacrar, torturar, desaparecer, reprimir al pueblo”.
Con 26 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, el daño causado al pueblo mexicano por la inseguridad pública es inconmensurable, pavoroso: más de 250 mil muertes y más de 40 mil desaparecidos en los últimos 12 años, son cifras que horrorizan, crispan e infunden miedo.
Por eso, el presidente al ordenar el inicio de las operaciones de la Guardia Nacional, respaldada por el Ejército y la Marina Armada, ya debidamente autorizados por la Constitución para intervenir en tareas de seguridad pública, ha consumado un acto de trascendencia histórica, un vuelco dramático y decisivo a la situación imperante.
Al señalar el grave deterioro de la seguridad pública en nuestro país, el presidente enfatizó las características que debe tener la nueva institución: respeto a los derechos humanos, cercanía con la población, uso proporcional de la fuerza y profesionalismo policial.
Lo anterior pone de relieve que el Gobierno de la cuarta transformación tiene conciencia plena de que arranca en un contexto de descomposición institucional de los cuerpos policiales, violencia recrudecida, delincuencia organizada fuera de control y, en consecuencia, una zozobra generalizada de total desamparo.
Su propuesta implica un cambio de paradigma en la estrategia de seguridad pública y combate a la criminalidad, precisamente con la creación de la Guardia Nacional gestada y entrenada por las fuerzas armadas nacionales.
Esta característica es la que ha generado la mayor parte de las críticas al proyecto, habida cuenta de que en el pasado los institutos armados del país han sido utilizados en tareas de represión política y en la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que han dado pie a numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos.
La gran apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador consiste en que esas mismas fuerzas armadas, bajo un mando supremo civil de orientación claramente diferenciada de los Gobiernos neoliberales, logren conformar una corporación orientada a la paz con justicia.
Se trata de una apuesta arriesgada que, de fracasar, podría afectar buena parte de la legitimidad del presidente, porque 12 años de políticas de seguridad fallidas, inseguridad, violencia y atropellos a la población han erosionado la paciencia social y la credibilidad de las instituciones.
En tales circunstancias, la Guardia Nacional tiene ante sí dos enormes desafíos: marcar una diferencia real en materia de pacificación y reconstrucción de la seguridad pública por un lado y, por el otro, conseguirlo sin vulnerar las garantías individuales establecidas, las libertades y los derechos humanos de los civiles. Cabe esperar que lo consiga por el bien de la nación. Pues ante la violencia endémica, la inseguridad insoportable y el acoso delictivo, la demanda de basta ya de asesinatos, feminicidios, desapariciones, secuestros y extorsiones es un verdadero y ferviente clamor ciudadano.
