Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalaron ayer una norma que ordena a todos los hospitales públicos interrumpir los embarazos cuando son producto de una violación sin que la víctima denuncie ante el Ministerio Público.
Para acceder a la interrupción del embarazo, la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM046) establece que en el caso de niñas menores de 12 años requerirán una solicitud firmada por su padre, madre o tutor. En el caso de las mayores de 12 podrán ellas mismas hacer la solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad.
Además señala que el personal médico que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar que efectivamente se trata de un caso de violación. Así mismo, eliminan el requisito que exigía autorización previa de las autoridades para realizar el aborto.
Esta resolución deriva de dos controversias constitucionales que interpusieron los gobiernos de Baja California y Aguascalientes en contra de la NOM 046, en el 2016.
Esta resolución de la Corte es sumamente trascendente porque llega en un momento en que pareciera que hay regresiones en esta materia. La despenalización del aborto aprobada en la CDMX en 2007, lejos de motivar que más estados se sumaran, provocó reformas para “proteger la vida desde la concepción”. Las denominadas “leyes anti aborto” han ido cobrando fuerza en todo el País. Existen a la fecha 19 Estados que han modificado sus constituciones en este sentido, Sinaloa entre ellos, que lo hizo apenas en Octubre de 2018.
Es importante destacar que estas modificaciones que se han dado en los estados no eliminan en ningún caso la causal de interrupción del embarazo por violación, que está reconocido en el marco jurídico nacional e internacional, pero ha generado un ambiente de criminalización, confusión e incertidumbre jurídica que afecta a las mujeres y que ha empeorado el hecho de que en la práctica se niegue o se obstaculice por parte de las autoridades de salud. Justamente parte de los argumentos del Presidente de la Corte, Arturo Saldivar, fue en el sentido de garantizar que “ese derecho (de las víctimas de violación) sea accesible, cercano y rápido”.
Los discursos de odio cobran víctimas
Al menos 31 personas muertas y decenas de heridos se contaban hasta anoche a consecuencia de los lamentables hechos que ocurrieron en Estados Unidos. Las masacres como las que acaban de darse en El Paso y Ohio han ido en aumento en Estados Unidos, ayer se hablaba que en lo que va del año ya van 250 tiroteos. Las víctimas principales han sido afroamericanos, judíos, homosexuales y personas de origen hispano. Es decir, claramente estamos frente a crímenes de odio. Hoy más que nunca debemos poner freno a los discursos de odio que derivan en ataques como estos y que no son problema exclusivo del país vecino.
Si es necesario, todos los días desde todos los espacios posibles debemos exigir a nuestros líderes políticos que dejen de promover la división, cuando lo que necesitamos con urgencia es unidad, respeto y tolerancia.
