Hoy se cumple una semana del nuevo conflicto de la bancada de Morena para mantener o cambiar a su coordinadora y presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Sinaloa. En un principio la coalición Juntos Haremos Historia tenía 27 curules, es decir, la mayoría calificada, incluso para aprobar modificaciones constitucionales a favor de la transparencia y el combate a la corrupción; por ejemplo, pudieron haber reinstalado la fiscalización de las cuentas públicas del Gobierno, que en la legislatura pasada el PRI eliminó de forma abusiva para solapar la corrupción del Gobierno estatal de Malova y Quirino.
Sin embargo, los morenistas no supieron conservar a sus aliados y perdieron esa mayoría de inmediato, hoy ya no juntan ni la mayoría simple de 21 diputados. Pero lo peor es que incluso al interior de su propio grupo parlamentario las diputadas y legisladores de Morena han ido desde votar en contra de sus propios estatutos partidistas como el caso del matrimonio igualitario; otras han abandonado sesiones públicas de la mano del PRI, dándole la espalda no solo a Morena, sino a sus representados; hasta ya de plano acusarse entre ellos mismos en la tribuna de “corruptos y vendidos al gobernador por moches de 200 mil pesos”.
Con este nivel de pleitos e ineptitud ya da igual si destituyen o no a su coordinadora, el daño ya está hecho. Se dividieron, se pelearon por sus ambiciones personales y perdieron la enorme oportunidad de trabajar realmente por las causas que sí vale la pena luchar.
En la pasada legislatura recuerdo dos causas que nos llevaron a enfrentarnos contra el Gobierno estatal y el PRI. La primera batalla que libramos fue para que por primera vez en la historia de Sinaloa, el Congreso se atreviera a votar en contra de las cuentas públicas de un gobernador corrupto, y gracias a la presión de los ciudadanos los 40 diputados le reprobamos por unanimidad las cuentas públicas a Malova; aunque meses después Quirino le ordenó a sus diputados aprobar dichas cuentas, ese fue el detonante para todos los escándalos de corrupción por los que hoy se juzga al ex secretario de finanzas Armando Villarreal, solo por citar un ejemplo.
La segunda batalla fue por la decisión abusiva del gobernador Quirino de arrebatarle a los niños de kínder, primarias y secundarias públicas sus uniformes escolares gratuitos, que ya les correspondían por derecho de ley; eran 350 millones de pesos que destinaron para comprar oficinas de Gobierno a un empresario amigo de Peña Nieto, en lugar de destinar esos recursos a apoyar la educación de nuestra niñez.
