Este 30 de enero vence el plazo para que los ex funcionarios del Ayuntamiento de Culiacán entreguen su declaración patrimonial de cierre.
La síndica procuradora, Sandra Lara Díaz, manifestó que esto es una obligación de los servidores públicos para poder comparar las declaraciones del momento en que asumen el cargo y de cuando concluyen para determinar si hubo un enriquecimiento inexplicable o no y son de carácter privado.
Agregó que al pasado viernes sólo 51 de los funcionarios públicos obligados como son secretarios, directores y jefes de departamento de la administración municipal y paramunicipal, presentaron sus declaraciones.
“Todos aquellos funcionarios obligados por la ley a presentar su declaración de cierre, quienes no la presenten para el día de hoy (30 enero) porque tienen 30 días a partir de que entregan el cargo, también serán sujetos a requerimientos primero y se les da un plazo de 3 días para que presenten sus declaraciones de cierre del ejercicio y de no acudir ante la dirección de responsabilidades administrativas se van a iniciar los procedimientos administrativos correspondientes”.
Las sanciones a los funcionarios que no cumplan con esta obligación están establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas y son diferentes de acuerdo al tipo de conducta irregular que se pueda acreditar.
“Pueden ir desde una amonestación, hasta una sanción económica, una suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones, una suspensión definitiva de su cargo y hasta una inhabilitación en el cargo público”.
Añadió que se enviaron requerimientos a 5 servidores públicos de la pasada administración que nunca presentaron su declaración patrimonial para que se presentarán ante la Dirección de Responsabilidades de Servidores Públicos para que se pusieran al corriente con sus declaraciones.
Este es el caso de Jesús Manuel Campos Ayala, coordinador de Control Administrativo de Obras, Alejandro Barrios Campos jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, Mauro Ávila Valdez jefe del Departamento Técnico del Instituto de Vivienda, Gonzalo Erasmo Quintero Baca, agente adscrito a la Unidad de Vialidad y Transporte y José Cruz Loaiza director de la juventud, en su mayoría la presentaron en los 3 días posteriores al requerimiento excepto Cruz Loaiza que fue de manera extemporánea.
Liliana Rodríguez
