Las retenciones, aportaciones y cuotas de los trabajadores no deben seguir siendo utilizadas como si fueran la caja chica de la autoridad, señaló la diputada local Margarita Villaescusa Rojo y urgió a que se tipifique como sanción administrativa para castigar a funcionarios que desvíen estos recursos.
Ante la información revelada por la Secretaría de Transparencia y Rendición y Cuentas de que son más de mil 934 millones de pesos de cuotas, aportaciones y retenciones que no fueron enteradas por la anterior administración al Ipes y al Issstesin al cierre del ejercicio 2016, la legisladora enfatizó que no debe aplazarse la modificación a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de Sinaloa, pues estas prácticas violan los derechos de los trabajadores y deben ser castigadas.
Villaescusa Rojo propuso desde el pasado mes de febrero una iniciativa para modificar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que contempla desde la amonestación hasta la inhabilitación a funcionarios que desvíen las cuotas, retenciones y aportaciones de los trabajadores, además que se les brinde a los trabajadores la facultad de solicitar un estado de cuenta para verificar el destino que se da a su dinero.
Con información de Katia Rivera
