Ante la recomendación emitida hace unos días por la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Gobernador Quirino Ordaz, al Fiscal General Juan José Ríos Estavillo y a los alcaldes de Sinaloa de Leyva y Choix, por no haber protegido a más de 2 mil personas desplazadas por la violencia en el estado desde 2012, la reacción del Congreso del Estado fue un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a tomar medidas a favor de esta población afectada.
La diputada Maribel Chollet Morán del PRI, solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realice un análisis de los desplazados internos de la Sinaloa y otorgarles la seguridad para regresar a sus comunidades.
Además, a la Secretaría de Desarrollo Social se le pidió la realización del padrón de personas desplazadas hasta el tercer trimestre del 2017, con el fin llevar a cabo proyectos productivos que les den un medio de subsistencia a las familias, puntos a los que se sumaron la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñonez del PAS y el diputado Efrén Lerma Herrera del PRD.
Con información de Katia Rivera
