En Sinaloa se vive un momento difícil de entender en materia económica y social. Por una parte, el estado ve pasar frente a sus ojos un bono demográfico que probablemente nunca se repita, pero también ve cómo un sector poblacional que pudiera ser productivo en el futuro, se pierde en el presente: sus adolescentes.
Según la Encuesta Intercensal, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la entidad ha visto una reducción en cuanto a la población de cero a 29 años de edad, mientras que el grupo de edad de los 30 en adelante ha crecido. Por ejemplo, mientras que en 1990 los menores de 15 años ocupaban el 38.4%, hoy solo representan el 26.8%. En consecuencia, el grupo de edad de 30 a 59 años aumentó de un 25.5% a 36.5% en los últimos 25 años.
A esto se le suman las proyecciones realizadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en relación a que en el 2030 Sinaloa rebasará los 525 mil adultos mayores, es decir, casi el 16% de los habitantes. Esto conlleva a revisar políticas públicas en temas como pensiones, salud, movilidad y asistencialismo.
Productividad desaprovechada
A diferencia de hace algunas décadas, en Sinaloa ha aumentado el número de personas en edad productiva en comparación con la población dependiente (menores de 15 años y mayores de 60). Entre 1970 y el 2000, la disminución pasó de 111.7 a 70.3 personas dependientes por cada 100 en edad productiva. En 2015 se redujo aún más, al pasar a 61.1 por cada 100.
Sin embargo, los entornos tanto sociales como económicos desalientan el aprovechamiento de esta fuerza productiva y esa mano de obra que el estado puede ofrecer. Una de ellas es el tema de los bajos sueldos, algo que no es un mero rumor laboral, sino una verdad oficial.
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, Sinaloa ocupa el último lugar en cuanto al sueldo promedio anual de todo el país, el cual es de 87 mil 418 pesos, algo así como 7 mil 284 pesos al mes. Una diferencia brutal si se compara con la Ciudad de México (149 mil) Campeche (140 mil) o Querétaro (129 mil).
Además llama la atención que, de acuerdo al Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015, Sinaloa es la entidad que registra la mayor desigualdad de ingresos entre las clases alta y baja de todo el país. El estado tiene a las familias más ricas de México, con ingresos promedio de 86 mil pesos mensuales, el cual es 27 veces mayor al de los hogares sinaloenses de menos recursos.
Y si resulta complicado el tema del bajo sueldo, hay otro más que impacta en diversos sentidos. El 56.2% de los jóvenes que trabajan lo hacen en la informalidad, lo cual tiene repercusiones negativas tanto en el aspecto tributario del Estado como en las prestaciones que se pueden recibir en un empleo formal. Además, solo uno de cada tres de estos trabajadores informales gana más de dos salarios mínimos.
Al final, todo ello converge en una problemática seria de pobreza y desigualdad. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), destacan que casi la mitad de la población de Sinaloa (48.3%) presenta algún grado de inseguridad alimentaria.
Deserción y entorno
La Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), realizada en diversos municipios del país, entre ellos Culiacán, dejó al descubierto datos reveladores del entorno que viven los adolescentes en la capital del estado y que refleja una realidad más cercana a la violencia que a la productividad.
De la población de entre 15 y 29 años que habita en la capital del estado (194 mil 704 habitantes), 70 mil 234 no estudia. Sin embargo, solo 9 mil 692 dejó la escuela por la necesidad de trabajar, por lo que la deserción lleva otros tintes distintos a los de la necesidad de sumarse al apoyo económico familiar.
A eso se le suma que uno de cada cuatro jóvenes encuestados en Culiacán señaló que tiene amistades con conductas delictivas, y el 27% de ellos vive en hogares monoparentales, es decir, donde falta alguno de los padres.
Ese 2014, mil 021 jóvenes perdieron la vida en Sinaloa, de los cuales casi 700 murieron de manera violenta: 458 en agresiones y 238 en accidentes de tráfico, mientras que la desigualdad de mortandad se colocó en 449 hombres muertos por cada 100 mujeres.
Misma prioridad mostraron los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), donde la percepción del 51.4% de la población de 18 años y más en el estado ve más preocupante el tema de la inseguridad, por encima de otros como el desempleo (43.8%) o la pobreza (36.1%), pues la tasa de prevalencia delictiva fue de 22 mil 063 víctimas por cada 100 mil habitantes.
De acuerdo con las cifras registradas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, actualizadas hasta el 31 de agosto pasado, casi todos los índices delictivos más importantes relativos al fuero común aumentaron durante el sexenio de Mario López Valdez, en comparación con el de sus antecesores Jesús Aguilar y Juan Millán.
Haciendo una comparación de los primeros 68 meses de gobierno de las tres administraciones en mención, la actual solamente en dos indicadores se mantuvo a la baja: robo a casa habitación, que disminuyó casi 40 por ciento, y violaciones, que si bien hubo más que con Aguilar Padilla, no se llegó al número que se tuvo con Millán Lizárraga.
Y aunque en el discurso Malova señala que la situación de seguridad en el estado es muy distinta si se contrasta con la de su antecesor, la realidad es que en su mandato se registran mil 271 homicidios dolosos más que los ocurridos entre 2005 y 2010, 7 mil 723 robos a vehículos más, 5 mil 711 robos a negocios más, 67 robos bancarios más y 72 secuestros más.
En conjunto, son factores de riesgo que exponen a los jóvenes a situaciones de violencia y delincuencia que incrementan la posibilidad de que éstos repliquen situaciones similares en un futuro, dando al traste con la gran posibilidad de crecimiento económico que pudiera representar el bono demográfico en Sinaloa.
Texto e infografías: José Luis Pérez
