Derivado de la autoría que se aplicó a las Secretarías de Administración y Finanzas y Turismo del ejercicio 2016 se ha determinado sancionar a seis funcionarios y exfuncionarios.
Entre los que aparecen está el exsubsecretario de Ingresos Clodomiro Espinoza García, a quien se le aplicó una sanción de más de 14 millones de pesos y una suspensión por tres años, y Rafael Lizárraga Favela, quien en el último año del gobierno de Malova fue secretario de Turismo. A este sólo se le sancionó con una suspensión de 30 días naturales, dejándole abierta la posibilidad de que se siga siendo subsecretario de Operación y Promoción Turística.
Los otros cuatro que aparecen son: Jesús Alanís Chaires, exdirector de Fiscalización de la SAF, a quien se inhabilitó por 10 años y se aplicó una sanción de 21 millones 426 mil pesos; Everardo Ayala López, exdirector de Política Tributaria, con una sanción de 17 millones 857 mil pesos y una inhabilitación por 10 años; Luis Ángel Pineda Ochoa, exsecretario técnico de Turismo, con 8 años de inhabilitación y más de 12 millones de pesos; y José Luis Martínez Romero, exjefe del departamento de Administración de la Secretaría de Turismo, con 6 meses de inhabilitación.
Una vez que cumplan con la sanción que se les aplicó quedarán libres de cualquier señalamiento, informó el subsecretario de Responsabilidades y Normatividad en el estado, Rogelio Aviña Martínez.
El funcionario estatal recordó que en el caso de la Secretaría de Administración y Finanzas los procesos de responsabilidad se iniciaron por la alteración de información ante el SAT para la aprobación de 14 millones 284 mil 276 pesos. El caso de Turismo, fue por la promoción de campañas turísticas inexistentes. En estas se acusa un manejo irregular de más de 8 millones de pesos.
Aviña Martínez anunció que están por iniciar otros procesos de responsabilidad contra 10 exservidores de las Secretarías de Administración y Finanzas y Desarrollo Urbano y Obras Públicas. A estos se les atribuyen irregularidades como el traspaso de 16.9 millones de pesos de una cuenta específica a una cuenta concentradora y la celebración de un contrato modificatorio irregular por 79.4 millones de pesos. Asimismo, se atribuye la realización de obra pública en terrenos privados y falta de reintegración de recursos no ejercidos por más de 3 millones de pesos.
En los próximos días están por iniciarse y retomarse más procedimientos contra exfuncionarios de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, por diversas irregularidades en la supervisión y aplicación de recursos para diferentes proyectos de obra.
Con información de Cristina Medina
