El gobierno conservador del primer ministro japonés, Shinzo Abe, consiguió que la Cámara Alta del Parlamento aprobara la ley que castiga la planificación de delitos graves, pese a las protestas de la oposición de la ciudadanía.
Miles de ciudadanos protestaron ante el Parlamento y acusaron al gobierno de violar la Constitución. El partido del Gobierno aceleró el proceso de votación debido a la fuerte oposición de los demás partidos y dio el visto a la ley por la mañana en la Cámara alta. Algunos expertos ven amenazada la democracia del país.
Con información de La Jornada
