Proponen iniciativa para castigar a funcionarios que desvíen aportaciones
En la Sesión Extraordinaria del Congreso del Estado, se dio primera lectura a la iniciativa de Reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, que propone sancionar a funcionarios públicos que desvíen recursos correspondientes al pago de nómina, aportaciones o retenciones de los trabajadores de dependencias de gobierno por concepto de vivienda, fondo para el retiro, acuerdo comercial, sistema de ahorro, etc.
Esta iniciativa presentada por la diputada Margarita Villaescusa busca combatir el uso irresponsable de estos recursos por parte de las autoridades, y propone castigos como la inhabilitación para ejercer cargos públicos y en casos graves que se denuncie ante el Ministerio Público.
“Cuando un servidor público hace la retención a los trabajadores, de sus aportaciones, y no las entera a las instituciones está cometiendo un fraude contra el trabajador y está dejando al trabajador en una situación de vulnerabilidad, porque les priva del derecho a crédito para la vivienda, de tener su pensión en forma correcta y al día, los priva de servicios de salud, de acuerdos comerciales, los priva de ahorro, de seguridad social, que esto último es muy grave”, señaló.
En la sesión también se aprobaron reformas a la Ley de Salud del Partido Sinaloense y de la diputada Irma Moreno del PRI, para fortalecer las acciones de Prevención del embarazo en Adolescentes, y se decidió que el mes de abril de cada año sea el mes de la Prevención de esta problemática social.
“El estado de Sinaloa se encuentra en el sexto lugar a nivel nacional con una tasa del 20.3 por ciento de partos en mujeres menores de 20 años, es una problemática y sobre todo que esto se replica ya que la mujer joven a los 13, 14 años tiene su primer hijo y su hija normalmente vuelve a tener y entonces este es un círculo vicioso que estamos viviendo y que tenemos que romper”.
También se aprobó la donación de un terreno de 14 mil 369 metros cuadrados a favor del Poder Judicial de la Federación para establecer el edificio para el sistema de juicios orales, en la zona contigua al Penal de Aguaruto.