Luego de permanecer en paro de labores, elementos de Tránsito de Navolato retomaron sus actividades, pero “bajo protesta”.
Los efectivos aceptaron una negociación con la patronal a la que le demandan grados policiales y homologación de sueldos.
Se abrió el diálogo para establecer que la actual administración municipal sentará las bases para que el alcalde electo, Eliazar Gutiérrez Angulo, cumpla con la recategorización de los uniformados.
En tanto eso sucede, los policías viales advirtieron que durante un mes no levantarán boletas de infracción ni retirarán motocicletas a particulares, esto, como una medida de presión para que se cumpla el acuerdo.
La molestia despertó cuando por un presunto caso de nepotismo fue ascendida una agente con apenas seis meses en la corporación. Se trata de Karen Velázquez Arriaga, sobrina del tesorero Rigoberto Velázquez Iribe, quien brincó de ser agente, pasando por oficial hasta ser primer oficial.
Después de la suspensión de dos horas de labores, el ayuntamiento aceptó que no se siguió el protocolo de promoción en apego al reglamento de antigüedad, habilidades y méritos. Se estableció que la hoy “primer oficial” volverá a ser agente a la brevedad.
Los guardianes del orden vial replicaron que desde hace 11 años no tienen aumento de sueldo. Así han visto pasar a cuatro gobiernos municipales del PRI, Evelio Plata Inzunza, Fernando García, Miguel Calderón y Rigoberto Valenzuela, este último no les dotó ni de uniformes. Cabe aclarar que Valenzuela fue sustituido por Joaquín Lara, quien dejará la silla en unos días.
La última administración en darles aumento salarial fue la del panista Jesús Marentes Garibaldi.
Los policías demandan que la Dirección de Tránsito se vuelva Unidad de Vialidad para que sea integrada a programas federales de aportaciones a la seguridad pública y les doten de mejores ingresos y herramientas de trabajo.
Actualmente, un elemento gana entre tres mil 250 y tres mil 700 pesos a la quincena, lo que no satisface sus necesidades básicas de manutención familiar.
Los quejosos argumentan que se han capacitado y sometido a la evaluación policial, sin embargo, no son sujetos de ningún beneficio.
