Como parte fundamental de una estrategia del Mecanismo de Gestión Pública sin Discriminación en la Administración Pública Federal, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) presentó un protocolo de actuación a fin de crear condiciones de igualdad en el quehacer público, así como promover políticas públicas que ofrezcan protección a la sociedad contra actos discriminatorios.
En una ceremonia celebrada en el Auditorio Jesús Reyes Heroles de la Secretaría de Gobernación (Segob), Hernán Gómez Bruera, coordinador de Asesores de la presidencia del Conapred aseguró que el impacto de la discriminación en la sociedad es más alto cuando viene de un acto u omisión atribuida a una persona funcionaria pública.
Señaló que la discriminación estructural puede ser atendida a partir de la disminución de actos discriminatorios en donde los responsables son las instituciones del Gobierno federal.
El Protocolo de Actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la atención de presuntos actos de discriminación y violencia laboral establece la creación de una figura de la persona asesora, quien realizará el primer contacto con la persona denunciante de un presunto acto de discriminación o violencia laboral a través de una entrevista y podrá acompañar a la persona agraviada en la presentación de la denuncia.
En casos no graves y en aquellos donde no exista riesgo de revictimización para la persona agraviada, los Comités de Ética privilegiarán la solución de la denuncia por medio de la conciliación entre las partes.
En todo el procedimiento queda clara la necesidad de que las personas servidoras públicas integrantes de los Comités de Ética, así como las personas asesoras, deberán respetar los derechos de la presunta víctima y generar un ambiente adecuado en beneficio de la misma.
En esta herramienta se unieron representantes de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). De acuerdo a lo expuesto, la igualdad de oportunidades y de trato debe partir del ejercicio público para realmente impactar en la apuesta por la reforma cultural que permita una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos.
