“La transparencia no se puede regatear y la ley se debe de aplicar”: Dip. Ricardo Madrid Pérez

Es un contrasentido que después de que la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se ha negado a ser auditada en sus recursos propios y los que recibe del estado, solicite dos mil 600 millones de pesos al Gobierno del Estado para el presupuesto 2024, manifestó el diputado Ricardo Madrid Pérez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

“No podemos regatear la transparencia ni que exista un ente que no permita que se auditen los recursos públicos cuando es una obligación de la ley conocer cómo se gastan y ejecutan, y la Auditoría (Superior del Estado) quiere cumplir con ese mandato y no se le ha permitido”, afirmó.

Aseguró que el Congreso del Estado continuará en cada una de las etapas concernientes al proceso de fiscalización al señalar que la titular de las Auditoría Superior del Estado (ASE), Emma Guadalupe Félix Rivera, comparecerá el próximo lunes 11 de septiembre, para el análisis del Informe General Ejecutivo y los Informes Individuales de la cuenta pública del año fiscal 2022.

Señaló que, aunque la UAS se ha mantenido en la negativa de llevar a cabo un programa de auditoría del cual forma parte, solicitó 2 mil 600 millones de pesos para que formen parte del presupuesto 2024, lo cual viene con la lógica de que se negarán a que sean auditados, lo cual es un contrasentido.

Informó que, en la comparecencia prevista para el lunes, se conocerá a detalle el informe de la ASE referente a la falta de responsabilidad para atender el tema de la fiscalización por parte de la UAS, que no es inmune ni sujeto de excepción para las auditorías permanentes por ser ente autónomo.

“En los dos últimos años no se ha escatimado ningún centavo a la UAS para su buen funcionamiento y se ha apoyado ese presupuesto para que tenga las capacidades económicas para su función esencial que es preparar a los jóvenes y ser un referente en la academia”, dijo.

“Hoy la UAS está inmersa en una situación en que las autoridades dicen No a la transparencia. Es un contrasentido pedir más recursos bajo la premisa de que esos recursos no se pueden auditar, la transparencia no se puede regatear y la ley se debe aplicar”, enfatizó.

Afirmó que la Auditoría Federal audita, pero la ASE tiene un programa para los recursos estatales y la UAS no ha permitido revisar los recursos propios. “Los sinaloenses deben conocer el destino de los recursos públicos y que por su naturaleza deben ser auditados. No hay un régimen de excepción para la UAS”, puntualizó.

El diputado Sergio Mario Arredondo Salas, presidente de la Comisión de Fiscalización, expuso que el lunes se tendrá un capítulo más de una agenda de rendición de cuentas. “Es una de las exigencias más claras y sentidas de la sociedad, conocer qué se hace con el dinero que se entrega a través del pago de sus impuestos, para el desarrollo de la vida en sociedad”, dijo.

“Todos tenemos una responsabilidad ante el Estado, y la postura de Madueña y sus funcionarios es incomprable para la sociedad. Que alguien por interpretaciones de ley diga que la ley no aplica, es una incongruencia, porque todos rendimos cuentas”, subrayó.

Aseveró que la autonomía no es extraterritorialidad ni un grado de excepción, donde por autonomía la norma no aplica.

Respecto a la solicitud de la UAS para el presupuesto 2024 aclaró que la solicitud será atendida porque a la UAS como institución no se le van escatimar recursos. “Hay un galimatías sobre el origen de los recursos, cuando ese origen es el pueblo de Sinaloa”, acotó.

La diputada Gloria Himelda Félix Niebla sostuvo que el financiamiento de la UAS proviene de subsidios federales, estatales y recursos propios y que su negativa a ser auditada es un hecho inédito porque el anterior rector Juan Eulogio Guerra Liera sí cumplió cuando se le solicitó información.

El diputado Serapio Vargas Ramírez destacó que la regla de oro de la democracia es la transparencia y la rendición de cuentas. “La UAS es paraestatal y en los últimos cinco años, de 2019 a 2023, ha tenido un ingreso propio de dos mil millones de pesos, que son ingresos estatales, y que deben ser transparentados y rendir cuentas.

Sostuvo que se debe aclarar por qué se gastaron 45 millones de pesos en tortillas de 2020 a 2022, y de esos 18 millones de pesos en 2020 en época de pandemia, comprando a empresas sin personal que no eran tortilleras, y por qué se compraron 61 millones de pesos a María de la Luz Palazuelos Meza en carne de pollo, pescado y huevo, sin licitación alguna.

El diputado Adolfo Beltrán Corrales expuso que es un hecho histórico la negación de las autoridades de la UAS a ser fiscalizadas de los recursos públicos. “Hay observaciones sobre 400 mdp de recursos propios que no permitió la UAS que se fiscalizaran”, apuntó.

Dijo que hay universitarios que piden la separación del cargo del rector de la UAS Jesús Madueña Molina y es una medida cautelar que corresponde a las autoridades jurisdiccionales que contempla el Código de Procedimientos Penales.

Condenó que en los municipios de Culiacán y Mazatlán también existen observaciones millonarias durante las administraciones de Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo Benítez Torres, debido a la falta de capacidad de quienes estuvieron al frente, temas en los cuales se debe llegar hasta las últimas consecuencias.