El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de pleno declaró inválidas porciones normativas de los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Esta Ley fue aprobada en noviembre del año pasado y modificada en abril de este año por el Congreso de la Unión. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad al igual que 55 Senadores de partidos políticos opositores a Morena por considerar posibles violaciones a derechos humanos y atentar contra el principio de la división de poderes.
Se presentaron también miles de amparos por parte de funcionarios públicos en contra de esta Ley, que incluía desde jueces y magistrados, funcionarios de Pemex, CFE, INE, IFT, ISSSTE, entre otros.
En algún momento la discusión de la Corte se centró en la posible invalidación del contenido total de la Ley, sin embargo, finalmente decidieron invalidar solo esos apartados que establecen que nadie puede ganar más que el Presidente de la República, por considerar que permite discrecionalidad para establecer las remuneraciones. La corte a su vez le instruye al Congreso de la Unión que debe establecer parámetros, criterios o reglas, que justifiquen el sueldo. Es decir, que los 108 mil pesos que gana el Presidente deben analizarlos o incluso, replantearlos, considerando el nivel de responsabilidades que tiene, por qué esto es importante, por que como lo dijo uno de los Ministros en la Sesión de Pleno de ayer, de ahí partirá el sueldo del resto de los servidores público
En esta misma resolución, la Corte determinó que los préstamos personales no forman parte del sueldo, como lo establecía esta Ley. Así mismo, invalidó también disposiciones del Código Penal Federal donde se establecen penas por hacer pagos de sueldos y prestaciones en exceso o por no reportarlos cuando se reciben en estas condiciones. Consideró este tipo penal como impreciso y ordenó también su modificación.
Esta resolución de la Corte representa un duro revés para AMLO por que fue una de sus principales promesas de campaña.
La Corte fijó un plazo de 90 días a partir del inicio del próximo período ordinario para que legislen nuevamente en esta materia.
El Congreso tiene una nueva oportunidad, sobre todo los seguidores del Presidente, de escuchar las voces que opinan que esta disposición es un atentado a la división de poderes. Por otro lado, el poco tiempo que lleva esta administración federal nos ha dejado en claro a todos la importancia de tener servidores públicos con una alta especialización no solo técnica sino también política, esa que llaman “alta burocracia” es en parte la que sostiene a las Instituciones del Estado, aunque a juzgar por los hechos, se ve difícil que lo entiendan.
