«La autonomía no se vulnera por el hecho de que la ASE quiera ejercer sus funciones”: fiscal
Quiñónez Estrada defendió que una auditoría estatal es particularmente aplicable cuando la entidad auditada dispone de ingresos propios y también recibe financiamiento estatal
CULIACÁN. La fiscal general Sara Bruna Quiñónez Estrada negó que con la reciente vinculación a proceso del rector Jesús Madueña Molina, por el presunto delito de abuso de autoridad, no se está violando la autonomía universitaria.
Enfatizó que la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa no se ve comprometida por el ejercicio de sus funciones por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
La fiscal subrayó que la autoridad competente, como la ASE, puede llevar a cabo auditorías sin que esto vulnere la autonomía de la entidad sujeta a revisión, en este caso la propia Casa Rosalina.
Quiñónez Estrada explicó que esto es particularmente aplicable cuando la entidad auditada dispone de ingresos propios y también recibe financiamiento estatal.
«La autonomía no se vulnera por el hecho de que un ente como la ASE quiera ejercer sus funciones y auditarla. Es muy claro y ya se ha ventilado muchísimo en los medios de comunicación que la facultad o la competencia de auditarla deviene del hecho de que tenga ingresos propios y de que tenga ingresos aportados por el Estado, así de sencillo”, afirmó la fiscal.
Por otro lado, la fiscal de Sinaloa apuntó que ahora que el rector de la UAS se encuentra vinculado a proceso penal, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales existe la posibilidad de que Madueña Molina sea retirado del cargo que ostenta.
Sin embargo, dijo que eso aún no se ha decidido, ya que depende mucho del comportamiento procesal de la parte.
“Ya veremos cómo se comporta él procesalmente y eso es lo que va a determinar las medidas cautelares que decidiremos imponer o pedir que le imponga el juez”, expresó.
Finalmente, expresó que como Fiscalía esperaban que se diera dicha vinculación a proceso, toda vez que se tiene comprobado que el señalado impidió de manera arbitraria que la Auditoría Superior del Estado ejerciera sus funciones.
