Además de proporcionar los traslados a sus lugares de origen, el estado debe de crear políticas públicas para que las familias desplazadas tengan acceso a un empleo que les brinde lo necesario para salir adelante y restablecerse en las ciudades o comunidades más grandes a las que se movieron por la necesidad.
José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa, manifestó que principalmente se debe de trabajar en prevenir que estas familias se muevan de sus comunidades, para eso se deben generar mejores condiciones de vida, con mayor salud, educación, vivienda y empleo.
Dijo que se estima que actualmente hay 1300 personas agrupadas en 50 familias que han salido de sus lugares de origen principalmente de los municipios de Concordia, Sinaloa, Badiraguato y San Ignacio.
Con información de Liliana Rodriguez
