Ante el desencanto y enojo ciudadano porque servidores públicos imputados en actos de corrupción quedan en libertad para defenderse de las acusaciones, el encargado de Asuntos Jurídicos del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Sergio Avendaño, dijo que si se puede aplicar prisión preventiva a los funcionarios públicos en este tipo de casos.
Explicó que el Ministerio Público puede solicitarla en casos concretos y estaría en manos de los Jueces aplicarla, advirtiendo que la prisión preventiva oficiosa o directa, vulneraría la presunción de inocencia del Sistema de Justicia Penal.
“La prisión preventiva es una medida cautelar que como cualquier otra se puede solicitar por el órgano acusador, el Ministerio Público y justificar ante el Juez que es necesaria la aplicación de esa medida y si lo fundamenta debidamente, el Juez la tendrá que imponer la prisión preventiva, no importa que no sea oficiosa”.
Hace unos días en el Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para llevar una solicitud al Congreso de la Unión en busca que se legisle para que los delitos de peculado y relacionados a la corrupción tengan prisión preventiva oficiosa, es decir en automático, además en el Senado de la República ya hay una iniciativa para que estos delitos se consideren graves y no alcancen fianza.
Con información de Katia Rivera
