Fue debido a que recibió amenazas de muerte, que el diputado Florentino Vizcarra de Morena no denunció en su momento que lo presionaron y le dieron un soborno de 300 mil pesos para que votara a favor del presupuesto enviado por el ejecutivo el pasado 31 de diciembre, a través de la diputada del PAN Roxana Rubio, además que luego estuvieron chantajeándolo, manifestó su compañero de partido, diputado Pedro Villegas Lobo.
“El día 31 él no se presentó por amenazas, él se ausentó por amenazas… es que lo tenían amenazado de por vida. Él nos tuvo la confianza, nos compartió de hecho pues ahí vieron ustedes las fotografías donde el tiene todo ese dinero y nosotros pues lo respaldamos que realmente es lo que pudo pasar, lo que pasó en el día 31”.
Villegas Lobo le dio su respaldo a Florentino Vizcarra diciendo que ni siquiera pudo asistir a la sesión de la votación del presupuesto, debido a las amenazas que había en su contra y también dijo que el 31 de diciembre hubo compra de votos y amenazas contra varios legisladores, nombrando al diputado José Antonio Crespo a quien también le ofrecieron cien mil pesos, mientras que en su caso, desde diciembre hizo pública la denuncia contra su compañero de partido Fernando Mascareño por haberle ofrecido cien mil pesos por su voto, pero comentó que el problema es que es difícil de probarlo porque prácticamente fue sorprendido.
“Cuando a mi me habló Mascareño fue en su oficina yo no esperaba, si no hubiera tenido hasta un grabador para hacerlo y cara a cara fue cuando el me propuso a mi los cien mil pesos, ¿pero eso cómo puedo evidenciarlo? Lo mismo pasó con Florentino que el en su caso y si hay videos cuando baja de la tribuna Roxana en ocasiones y le jala el brazo para que vote a favor de lo que diga el grupo parlamentario y pues obviamente Florentino ya está prácticamente obligado que es donde el comenta que el pues así le estuvieron haciendo el chantaje”.
Pedro Lobo expuso que la bancada de Morena ya tenía conocimiento de la situación de Florentino Vizcarra, pero no se había hecho pública por motivos de seguridad del legislador.
