En promedio, a cada agente del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas le corresponderían 343 carpetas de investigación; el porcentaje de impunidad en este delito es de casi el 100 por ciento.
Kevin Chicuate | ADN Informativo
Culiacán, Sinaloa. – La desaparición forzada de personas es una realidad en Sinaloa que ha superado la capacidad de respuesta del Estado, denunciaron desde el Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Según el diagnostico sobre Desaparición Forzada de Personas 2023, elaborado por la coordinación general, desde la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en 2014 hasta 2022, se han registrado 7 mil 546 denuncias por privación de la libertad, un delito que incluye la desaparición forzada de personas y la cometida por particulares.
La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Sinaloa (FEDFP), creada en 2019, cuenta con 22 agentes del Ministerio Público, incluyendo al titular de la Fiscalía y a dos vicefiscales. Sin embargo, la carga de trabajo es abrumadora, con un promedio de 343 carpetas de investigación por cada agente.
Dicha Fiscalía se divide en tres agencias regionales con sedes en Culiacán, Ahome y Mazatlán. Cada una de estas agencias enfrenta una carga de trabajo significativa:
La agencia Región Centro ha recibido 3 mil 247 denuncias desde 2014, lo que significa un promedio de 270.5 carpetas de investigación por cada uno de los 11 agentes del Ministerio Público y el fiscal especializado.
La agencia Región Sur ha acumulado mil 909 denuncias desde 2014. Con 4 agentes del Ministerio Público y un vicefiscal, el promedio es de 381.8 carpetas de investigación para cada uno.
La agencia Región Norte ha sumado 2 mil 387 denuncias desde la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con una carga de trabajo promedio de 477.4 carpetas de investigación para cada uno de los 4 agentes del Ministerio Público y el vicefiscal.
El diagnóstico indica que el porcentaje de impunidad en las denuncias por desaparición forzada alcanza un 98.93 por ciento; esto significa que de las 7 mil 546 denuncias, apenas 81 se han resuelto.
Este delito ha tenido un promedio de más de 800 denuncias por año en Sinaloa desde 2014, y con un número muy limitado de personal especializado para la investigación, no se prevé que el porcentaje de resolución vaya a mejorar.