El tema de la adjudicación de contratos de obras públicas y para proveedores no es político, sino que es un asunto legal y administrativo y en materia de tráfico de influencias la ley es muy clara, en caso de comprobarse que se han utilizado cargos públicos para aumentar los negocios familiares o personales, dijo el dirigente del PRI estatal, Jesús Valdés Palazuelos.
Reconoció que cuando se trata de contratos que se dan por adjudicación directa es más posible pensar en la posibilidad del tráfico de influencias, mientras que cuando hay licitaciones consideró que las cosas son “parejas” para todos.
Respecto a los presuntos casos de tráfico de influencias por tres exgobernadores, ex diputados y ex alcaldes en Sinaloa revelada por una investigación de Iniciativa Sinaloa, el dirigente priísta expuso que la información se debe desglosar, porque de lo contrario podría no haber sustento, pues se debe saber cuando se fundaron las empresas y en qué momento se les dieron los contratos, información que sólo tiene gobierno, afirmó.
“Finalmente nosotros no conocemos el desglose específico de cada empresa ni de cada tema, lo que queremos es que especifiquen en qué año se crearon, cuándo fue cuando tuvieron esos contratos y qué tipo de contratos son, si son adjudicaciones directas o licitaciones públicas, porque en temas de licitaciones públicas pues sin duda ahí es parejo para todos, cuando son adjudicaciones directas pues ahí hay más chanza de poder decir que hubo tráfico de influencias”.
Valdés Palazuelos dijo no ver problema en que si quienes llegan a cargos públicos y ya tenían contratos con gobierno, los continuaron, considerando que no por ser funcionario o político van a dejar sus empresas.
