Un juez otorgó libertad condicional al coordinador administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social, Carlos N, acusado por la compra de más de mil 380 colchones reciclados.
Carlos fue detenido la noche de ayer cuando presuntamente regresaba de Jalisco tras interponer una denuncia ante la Fiscalía en contra de la empresa que le vendió los colchones revestidos.
En la primera audiencia, el Ministerio Público confirmó que el funcionario pagó 2 millones 970 mil pesos a un particular de nombre Francisco Benjamín Lagrave y a una empresa llamada El Mariachi en Jalisco, de un giro independiente a la venta de colchones. Del gasto solo existen comprobantes de la transacción más no factura de la adquisición de los colchones.
Raúl Carrillo Castaños, secretario de desarrollo social interpuso personalmente la demanda en contra de su administrador y aseguró ante el juez que ni la empresa ni la persona física están dentro del registro de proveedores del Gobierno Estatal.
Por todos los elementos, la Fiscalía General del Estado solicitó el auto de vinculación a proceso pero los abogados defensores del imputado pidieron duplicidad de término por 144 horas. A pesar de que la parte acusadora pidió prisión preventiva y el pago de los 2 millones 970 mil pesos como garantía, el juez le dio libertad condicional a Castro Olivas y además, como medida cautelar solo le ordenó no salir del estado en tanto se reanude la audiencia el próximo martes a las 10 de la mañana.
Con información de Juan Pablo Pérez
