Ricardo Neves de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos, reveló que de acuerdo a entrevistas realizadas entre beneficiarios y personas que integran los mecanismos de protección en el país, la mayoría de las agresiones son a nivel local, las cometen funcionarios públicos.
En el Panel Análisis de Aspectos Estructurales para la Formulación de Iniciativa de Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el representante de la ONU, señaló que el mecanismo federal de Protección cuenta solo con 36 personas para su operación en todo el país, contando hasta a los choferes y personal administrativo, apenas una por estado prácticamente.
Respecto a la situación de Sinaloa y a los resultados de los foros de consulta realizados por el Congreso del Estado para la elaboración de esta legislación, Ricardo Nevés dijo que prevalece la necesidad de confianza y que el mecanismo de Protección resulta muy lejano e insuficiente.
“Las necesidades en Sinaloa en algunas cosas son similares a muchos otros lugares del país, yo leí con mucha atención las relatorías de los 3 foros que se llevaron a cabo y las intervenciones de periodistas y defensores y mencionaban la necesidad de generar algo que les de la confianza para acercarse, algo que sea eficaz, pero también algo que es importante, la cercanía, el tener un mecanismo federal en la Ciudad de México con visiones distintas, tan lejano no es suficiente y necesitamos eficacia en la reacción inmediata a emergencias, en la implementación de medidas que se hayan otorgado, pero también en la atención victimar y en el marco actual es insuficiente para generar un ambiente propicio y seguro para el ejercicio de la libertad de expresión y de la defensa de derechos humanos”.
Ricardo Neves, dijo que en los estados ha habido experiencias fallidas de mecanismos de protección en 26 casos, y dijo que hay dos caminos para lograr que funcionen estos esquemas, fortaleciendo lo que ya existe con recursos humanos, económicos y capital político o bien crear instituciones autónomas, advirtiendo que en estos casos el 60 por ciento del presupuesto se va en gastos administrativos y es un cargo para la sociedad civil estar monitoreando la creación e implementación.
