El Fiscal para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez, informó ante diputados, que fue abierta una carpeta de investigación por el presunto espionaje del gobierno mexicano a periodistas.
Sin embargo, aclara, ésta no es acusando a ninguna dependencia en particular, sino para determinar si hay funcionarios públicos que hayan incurrido en un delito.
“Contra quien resulte responsable. No hay un señalamiento en lo individual, en la ley penal señala una responsabilidad de personas, de individuos, ninguna persona está por encima de la ley y se deberá investigar en todos los sentidos”.
El funcionario se negó a establecer un plazo o fecha en que podría concluir esta investigación, toda vez que dependerá, dice, de las diligencias que se realicen y el tiempo que tomen.
