Además de gobernadores, alcaldes y funcionarios, las empresas podrán ser castigadas por corrupción a partir del 19 de julio y el gobierno mexicano podrá decomisar bienes o dinero que obtuvieron los corporativos.
Aquellas que incurran en sobornos, tráfico de influencias y uso indebido de recursos recibirán sanciones administrativas y penales que van desde una multa hasta la disolución de la sociedad con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3de3.
Serían sancionadas con disolución de la sociedad, multas por dos tantos de los beneficios obtenidos o hasta 113 millones de pesos, inhabilitación hasta por diez años para participar en adquisiciones públicas e indemnización por daños a la hacienda pública, entre otros.
