Los cuerpos de los menores fueron identificados tras su desaparición luego de haber sido detenidos por militares cuando jugaban un partido de futbol.
Redacción | ADN Informativo
Quito. – Un examen antropológico y de ADN identificó, el último día del año 2024, los cuerpos calcinados de los cuatro chicos detenidos por una patrulla militar el pasado 8 de diciembre, luego de lo cual fueron torturados, asesinados, los habrían rociado de gasolina y prendido fuego para después lanzarlos al río Taura, a 16 kilómetros del lugar de su aprehensión, en la ciudad de Guayaquil.
La noticia conmocionó a todo el país porque ese día precisamente un juez ordenó la prisión preventiva de los 16 militares de esa patrulla bajo la acusación de desaparición forzosa. Ahora el delito por el que se los procesará penalmente sería el de ejecución extrajudicial.
Así, en vez de los consabidos deseos de un buen año 2025 un sinnúmero de personalidades, dirigentes sociales, políticos y de defensa de los Derechos Humanos se sumaron a la corriente de dolor e indignación que copó las redes sociales y algunos medios de comunicación, inculpando directamente al gobierno de Daniel Noboa, pues días atrás el mandatario ecuatoriano ya los había declarado “héroes nacionales”, porque ya sabía que estaban muertos tras la tortura, dijo Antonio, tío de Josué e Ismael Arroyo.
Tras una intensa expectativa, Dennis Ugalde Álvarez, juez de la Niñez y la Familia, dictó prisión preventiva la mañana del 31 de diciembre de 2024 para los 16 militares procesados, en principio, por el delito de desaparición forzada en el caso conocido como Malvinas.
Ahora vendrán algunas diligencias como, por ejemplo, la reconstrucción de los hechos. Además, los 16 uniformados ya fueron trasladados a recintos penitenciarios diferenciados. Ese mismo día se dictaron medidas de protección para los familiares de los niños, incluyendo botones de auxilio, entrevistas psicológicas y otras acciones reparativas.
En la audiencia, el fiscal del caso señaló que los menores no estaban involucrados en ningún acto delictivo, refutando la versión del ministro de Defensa Giancarlo Lofredo y los mandos militares de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Incluso, el ministerio de Defensa deberá pedir disculpas públicas por lo acontecido, en nombre del Estado ecuatoriano.
El delito con el que se llamó a la audiencia de formulación de cargos fue de desaparición forzada que tiene una pena que oscila entre 22 y 26 años de prisión. Sin embargo, tras la identificación de los restos incinerados la figura del delito cambiará a ejecución extrajudicial que conlleva una pena de hasta 34 años de privación de la libertad.
Con información de La Jornada
