Evalúa gobierno de Sinaloa responsabilidades de exfuncionarios involucrados en sanciones emitidas por el SAT
Recientemente, la corte dio un fallo a favor para imponer una multa contra el Poder Ejecutivo local de 1600 millones de pesos
Culiacán. El Gobierno de Sinaloa se encuentra en medio de una evaluación de posibles responsabilidades de exfuncionarios ante una multa de 1600 millones de pesos impuesta por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El gobernador, Rubén Rocha Moya, expreso la intención de llegar a un acuerdo con el SAT para reducir el impacto del pago de la sanción.
Declaró qué el Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cazarez, está actualmente revisando las condiciones jurídicas de la resolución emitida por la Corte de la Justicia de la Nación, que favorece al SAT en este caso.
Rocha Moya subraya la importancia de evitar daños al erario, destacando que el gobierno no cuenta con los fondos necesarios para hacer frente a esta medida de apremio. Asimismo destacó que la falta está relacionada con la violación al convenio de coordinación fiscal y la posible actuación dolosa de funcionarios durante auditorías a las empresas Grupo Coppel y Grupo Arhe.
«Allí hay un problema fiscal pudiera ser materia del gobierno federal, puede ocurrir porque la falta consiste en la violación al convenio de coordinación fiscal, ese es el tema central», comentó.
El mandatario explicó que problemática surgió en 2021, cuando se violentó el convenio que facultaba al estado para auditar a contribuyentes estatales. A pesar de la relevancia del asunto, Rocha Moya no ha buscado el diálogo con su antecesor, Quirino Ordaz Coppel, considerando que el daño ya está hecho.
«Los hechos ahí están. El gobierno anterior recibió el dinero y lo gastó y lo gastó muy rápido, muy rápido, pues fueron 1400 millones de pesos, ahora nos cobran por la misma consecuencia 200 más, 1600 millones», añadió.
Rocha Moya destaca las consecuencias económicas, mencionando que el gobierno no pudo cobrar impuestos durante los primeros 4 meses, generando una pérdida estimada de 300 millones de pesos.
A pesar de la situación, el gobernador sugiere que el gobierno federal podría estar dispuesto a negociar un acuerdo para mitigar el impacto financiero en el estado.
