Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 encabezan este lunes una marcha para exigir que sus hijos sean hallados y se haga justicia en una de las mayores violaciones a los derechos humanos ocurridas en la historia reciente del país.
«Nuestra lucha sigue todavía firme, todavía sigue en pie», afirmó Clemente Rodríguez, padre de Christian Alfonso, al inicio de la manifestación. «No es tan fácil dejar la familia (para marchar en todos lados) pero yo tengo la firmeza y la certeza que los chavos están vivos».
Numerosas organizaciones civiles han llamado a unirse a la protesta y a solidarizarse con unas familias que, como dijo su portavoz —Felipe de la Cruz— han sufrido mucho en estos dos años tan complicados.
«Hay enfermedades, hay desgaste, hay tormento psicológico, día con día, dormir y despertar en la misma situación», dijo de la Cruz.
La noche del 26 de septiembre de 2014 una serie de ataques coordinados en Iguala, Guerrero, dejaron un total de 180 víctimas, incluidos los 43 estudiantes cuyo paradero aún se desconoce, mientras otro lleva dos años en coma y seis personas fueron asesinadas, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los estudiantes fueron atacados por policías municipales vinculados con el crimen organizado y supuestamente entregados al cartel local Guerreros Unidos que los hizo desaparecer, aparentemente, con la complicidad o inacción de otros cuerpos de seguridad, militares y autoridades.
La primera versión oficial -calificada por el ex fiscal general Jesús Murillo Karam de «verdad histórica»- aseguraba que los 43 jóvenes fueronquemados en un basurero y sus cenizas arrojadas a un río cercano, pero aunque se localizó e identificó un resto óseo de un estudiante la tesis fue rechazada por los expertos internacionales por falta de pruebas sólidas y por estar basada en testimonios de personas presuntamente torturadas. Recientes hallazgos de la propia Procuraduría también cuestionaron alguno de sus puntos.
Las autoridades han detenido hasta el momento a 128 personas, de las cuales se ha abierto proceso a 70 -la mayoría policías y miembros del crimen organizado- pero todavía no se sabe qué paso esa noche ni cuál fue el móvil del crimen.
La investigación ha avanzado muy lentamente, ha tenido errores y omisiones y ha sufrido obstrucciones a la justicia por parte de servidores públicos, denunció tanto el grupo de expertos de la CIDH como el defensor del pueblo mexicano.
De hecho, quien fuera jefe investigador del caso, Tomás Zerón, fue acusado por los padres de los estudiantes de manipular y sembrar pruebas para avalar la versión oficial y está actualmente bajo investigación interna.
Después de muchos retrasos y bloqueos, los abogados de las víctimas consideran que en los últimos meses se han logrado algunos avances como el rastreo de los teléfonos celulares de todos los presentes en la zona de los hechos y el uso de tecnología para escanear el terreno en busca de fosas clandestinas.
Con información de El Financiero
