No a los excesos de políticos y No al retroceso del derecho legislado
Los magistrados, jueces, diputados, académicos, litigantes y estudiantes de derecho, saben que su principal tarea es conocer del derecho legislado, más que del derecho político que mueve a los gobernantes, y es el que les da poder para someter las normas jurídicas violentando la Constitución.
Cuando en México se viola nuestra Carta Magna algunos entienden y normalizan que esto venga de gobernantes, quienes llegaron a cargos públicos a través de candidaturas de elección popular y saben que en el campo político están los votos para la siguiente contienda, por lo que su objetivo es hacer acciones de corte populista, a través y en beneficio de su derecho político, pero afectando el derecho legislado.
Sinaloa no es la excepción, a los diputados en el Congreso del Estado se les olvidó que su principal función es la de crear leyes que emanen de la Constitución, no que la violenten; son ellos quienes deberían salvaguardar, defender y hacer respetar nuestra Ley suprema, sin embargo, están en la tesitura de reformar leyes a modo que vayan en contra de la jerarquía normativa del derecho.
Doble moral
Lamentablemente en México existe un sistema político permisivo en violentar la Constitución a favor de acciones populistas, y lo anterior es visto como algo benéfico para el Poder Ejecutivo en contubernio con los legisladores, sin embargo, violentarla por otros motivos sin tiene consecuencias.
La doble moral es una actitud que no deja avanzar y lograr un régimen honesto y democrático, prometido por la cuarta transformación, ya que desde los estados no son de gran ayuda al Presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar de cambiar el sistema político de simulación que por mucho tiempo ha permeado las arterias de la nación.
El Congreso del Estado de Sinaloa sigue legislando a favor de acciones que ganen votos, pero violando la Constitución, así como en legislaturas anteriores, nada cambia. Lo anterior preocupa, si permitimos que esto pase, estamos en riesgo de ir perdiendo nuestros derechos constitucionales.
La doble moral no solo está arraigada en los gobernadores y legisladores, quienes hacen uso de su poder en la toma de decisiones violentado la supremacía de la norma jurídica, sino también en nosotros como amas de casa, periodistas, abogados, arquitectos, médicos, académicos, deportistas, estudiantes, y ciudadanos en general, si hoy permitimos que se agreda la Constitución para obtener un beneficio, mañana no podremos evitar que se viole para tener una afectación.
Eso tiene un adjetivo calificativo corrupción, corromper la ley suprema es un delito y es anticonstitucional.
Como abogados sabemos que lo primordial es defender el estado de derecho, si dejamos que se deje de cumplir o no impedimos su incumplimiento estamos en camino de caer en una ingobernabilidad, donde el poder de los gobernantes y de los legisladores estaría por encima de nuestra Constitución, eso también tiene un calificativo: Aberración.
Supremacía
El sistema político mexicano a través del federalismo esta normado con la supremacía de nuestra Constitución, misma que hay que hacer valer sobre cualquier ley, gobernante o legisladores de la federación y/o los estados; la Pirámide de Kelsen sobre la jerarquía de normas jurídicas es lo que los estudiantes de derecho aprenden desde el primer grado de academia, sin embargo, el tener gobernantes y legisladores que solo pretenden conocer de derecho político pero no del derecho legislado, implica un gran peligro y riesgo para garantizar nuestros derechos y garantías plasmados en la Constitución.
Para muchos es muy romántico pensar que las cosas puedan cambiar en cuanto a nuestro sistema político, donde la corrupción apremia según algunos estudios que dan fe, tal es el caso del último estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde nuestro país sigue, desafortunadamente, como el peor evaluado en materia de corrupción de las 38 naciones que integran dicha organización.
La corrupción la integramos todos con nuestros actos, omisiones, impunidad y silencios, como sociedad no debemos callarnos cuando aparentemente beneficia y hablar cuando afecta, no debemos ser una sociedad de doble moral.
En los estatutos de MORENA, la Cuarta Transformación compara el hacer grandes cambios en México, como lo fueron en su momento algunos acontecimientos históricos: la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana, sin embargo, seguimos en lo mismo con la actitud de gobiernos estatales y legisladores locales que siguen realizando las mismas prácticas desleales como antaño hacían los diputados de otros partidos, y que atentan contra el derecho legislado con la finalidad de lograr simpatías y adeptos.
Los conocedores del derecho saben que la violación a la Constitución es un retroceso, nos forman para dar orden y respeto a las leyes y es indignante cuando no se atiende la supremacía de las normas. Es precisamente en los principios y estatutos de MORENA donde se comprometen a atender la supremacía Constitucional, cosa que en Sinaloa no se cumple.
Por ejemplo, en Culiacán, el tema de los descuentos a la tarifa del agua potable lo han convertido en un tema mediático y político, pero conviene no olvidar que es un tema de derecho. Por una parte, el Ayuntamiento tiene la facultad según el Artículo 115 Constitucional de proponer las tarifas de servicios públicos, ya que son autónomos en su hacienda y recaudación de impuestos, sin embargo, los diputados siguen con las mismas prácticas, interponiendo su poder antes del derecho, así como anteriores legislaturas.
Afortunadamente de defendió la supremacía de la constitución y el pasado miércoles 16 de marzo, el Ayuntamiento de Culiacán interpuso una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y mientras la crítica recae en contra del presidente municipal, según el derecho legislado es lo correcto, mal hacían anteriores alcaldes en pasar por alto este tipo de acciones anticonstitucionales
El engaño
Nicolás Maquiavelo, filósofo de la literatura política, padre de la ciencia política moderna citó “El pueblo, caprichoso e inconstante, engañado muchas veces por un falta apariencia de bienestar, desea su propia ruina, y entonces la república queda expuesta a infinitos daños y peligros”.
Lo anterior se vive en Sinaloa, con falsos argumentos se reformó una ley que violenta la Constitución y que pone en peligro la gobernabilidad de la ciudad de Culiacán para hacer frente al gasto de los servicios públicos, derechos que también debemos de defender como ciudadanos; es decir, el Congreso del Estado de Sinaloa, de manera autoritaria y sin fundamento legal ha reformado una ley que violenta nuestra Carta Magna.
Pero qué se puede esperar de una legislatura de ese nivel, lo ideal sería si conocieran la Constitución Federal, que con la facultad que les da el Artículo 71 podrían presentar una iniciativa de reforma para no legislar con leyes que violan la supremacía nacional.
Eso es el deber ser, pero también deberían conocer más de temas de derecho, incluso reformar la Constitución para buscar que los candidatos a diputados de elección popular cuenten con un perfil de abogados, vaya, por lo menos que conozcan las leyes, de cómo se hacen y cómo se comen.
Lo anterior porque la principal facultad del Congreso es la de crear leyes, claro, leyes que emanen de la Constitución, no como esta Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa que fue reformada en su Artículo 50 y que viola a todas luces la Constitución federal.
No me parece extraño la posición del Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya en apoyo a los legisladores, ya que su tarea es la de hacer política y al parecer la entiende solo como sumar votos para las elecciones del 2024, sin embargo, insisto, la tarea de los diputados es la de crear leyes que no afecten la supremacía constitucional, y aunque la finalidad es hacer descuentos a algunos grupos de personas, eso no lo permite la Constitución cuando se trata de la recaudación de impuestos de los Ayuntamientos a través de cuotas de servicios públicos.
Acciones eficientes
Por otra parte, el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, asegura que de las 195 mil personas en ese padrón muchas no necesitan descuento, y aunque el monto no es relevante en lo particular, la suma de todos es un recurso aproximado de 200 millones de pesos que puede afectar el erario municipal, y por consiguiente la operación de los servicios públicos.
Ahora, brindar servicios públicos también es un derecho constitucional para los ciudadanos y que los Ayuntamientos deben de ejecutar, dejar de hacerlo sería también una violación a la Constitución, entonces en derecho, hay que ser derechos, no se puede defender y aplicar una fracción y dejar de aplicar la otra, hablando del artículo 115 en su fracción tercera y cuarta, la primera habla de los derechos en materia de servicios públicos y la segunda sobre su autonomía hacendaria.
Los buenos ciudadanos debemos ser buenos contribuyentes, las naciones desarrolladas cuentan con servicios públicos de calidad gracias a su eficiente sistema de recaudación y a la voluntad de los ciudadanos, quienes tienen la cultura del pago de impuestos.
(Los buenos diputados deben ser eficientes en la creación de leyes, respetar la supremacía constitucional y dar resultados en lo legislativo. Mientras que los buenos presidentes municipales deben ser buenos administradores, respetar las leyes y brindar los servicios públicos. Y para otorgar servicios públicos se requiere hacer uso de la recaudación de impuestos, por lo que en la medida que el Presidente Municipal de la Capital del Estado de Sinaloa exonere del pago al 100% solo a las personas que acrediten necesitar el apoyo, es una medida más eficiente, y no contraviene el derecho legislado, por el contrario, atiende desigualdades pero con criterios claros y totalmente respetuosos del estado de derecho y de nuestra Carta Magna, pero este tema da para otro análisis.)
¡Como periodista se defiende la verdad, como abogada se protege la supremacía de la Constitución!
*Lo decreto, Amén*
Maestra en Ciencias, Iris Cebreros
Periodista, Abogada, Maestra en Gestión y Políticas Públicas
