SINALOA

Por mayoría, diputados reprueban cuentas públicas de ocho ayuntamientos de Sinaloa

Pese a que eran cuentas públicas de los municipios, los diputados se enfrascaron en la discusión sobre lo que se viene, las cuentas públicas del gobierno estatal

CULIACÁN.- Por mayoría de votos, los diputados del Congreso local reprobaron las cuentas públicas de ocho ayuntamientos de Sinaloa, correspondientes a la administración del 2018.

Las cuentas públicas de Angostura, Choix, Concordia, Cosalá, El Fuerte, Guasave, Navolato, Salvador Alvarado, correspondientes al 2018 fueron reprobadas, debido a que en estas se advierten afectaciones al erario público por decenas de millones de pesos, pese a que al momento de que la Auditoría Superior del Estado emitió su opinión técnica todavía estas administraciones tenían tiempo para resarcir el daño.

Durante la sesión, que se extendió por más de siete horas, la discusión entre los legisladores de los diferentes partidos políticos se enfocaron en la manera en que se presentaron los dictámenes, los cuales iban como acuerdo y no como un decreto.

Sergio Jacobo Gutiérrez del PRI, criticó que al hacer ese cambio, lo que se busca por parte del grupo mayoritario en el Congreso es evitar que el poder ejecutivo, es decir, el gobierno del estado vuelva a vetar las cuentas públicas una vez que estas sean dictaminadas, tal y como ocurrió con las cuentas públicas del 2017 de las que todavía no se tiene certeza de lo que pasará, pues el Congreso reprobó las cuentas, el gobierno las vetó y ahora se tiene una controversia constitucional que no se ha resuelto por parte del poder judicial.

Puntualizó que se están cometiendo los mismos errores del año pasado, que llevaron al veto del gobernador, además de que dijo, son una transgresión a la ley y que podría acarrar consecuencias jurídicas.

Jacobo Gutiérrez, indicó que le quieren sacar la vuelta a lo que pueda hacer el Ejecutivo, pero al mismo tiempo están viciando el proceso de revisión de cuentas públicas y que los entes fiscalizados puedan impugnar los dictámenes, ya que estos serían ilegales.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Coordinación Política Graciela Domínguez Nava, dijo que, legalmente, el Congreso está facultado para emitir leyes, decretos o acuerdos, por lo que no puede haber ilegalidad en el cambio en la forma de dictaminar, que ahora pasó de decreto a un acuerdo.

Comentó que con esto también se busca evitar darle la oportunidad al Ejecutivo de entrometerse en una responsabilidad que es exclusiva del poder Legislativo.

Domínguez Nava precisó que no es ilegal hacerlo por medio de un acuerdo, sino que en el pasado se usaban formas que no eran las más correctas y que ahora, se busca criticar los cambios que se han hecho.

La sesión se alargó por más de ocho horas, incluso por políticas de Facebook la sesión tuvo que cortarse e iniciar una nueva, en donde la discusión se extendió en el sentido de los tiempos que tienen los diputados para tomar una decisión respecto a las cuentas públicas.

Por una parte, los legisladores deben emitir su postura sobre las cuentas públicas antes del 31 de julio, mientras que el tiempo que tiene la ASE para emitir un dictamen final sobre las cuentas públicas es hasta el 18 de octubre, en el que el órgano autónomo podría notificar al Congreso sobre las anomalías que fueron solventadas por las administraciones municipales.

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