CULIACÁN.- Dentro de los grandes desafíos que han tenido que enfrentar los gobiernos del mundo, producto de la contingencia sanitaria que se vive por la aparición del virus de la COVID-19, está el de la educación. Una de las principales medidas tomadas por el gobierno de México, siguiendo el ejemplo de otros países, fue la suspensión de clases presenciales en todos los niveles como una medida para detener la propagación de los contagios.
Desde el pasado 23 de marzo la Secretaría de Educación Pública emitió un acuerdo para la suspensión de labores tanto en el nivel básico como medio superior y superior, incluyendo la disposición de que todo el personal docente y administrativo de las escuelas públicas se sumaran al aislamiento voluntario en sus hogares. De esa manera, millones de niñas, niños, adolescentes y adultos que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje se quedaron en casa hasta concluir el ciclo escolar 2019-2020.
Según datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), esta disposición provocó que alrededor de 30 millones de estudiantes de los diferentes niveles educativos se resguardaran en sus hogares, lo cual implicó que un millón y medio de docentes y trabajadores administrativos que laboran tan solo en el nivel de educación básica dejaran de trasladarse a los centros educativos. Si a esto le sumamos los estudiantes de educación superior y los millones de padres de familia que dejaron de llevar a sus hijos a la escuela, encontramos que esta medida contribuyó enormemente a la disminución de la movilidad en todo el territorio nacional.
Las autoridades educativas establecieron algunas medidas para tratar de continuar -y después concluir- el ciclo escolar en las mejores condiciones posibles. Se utilizaron algunas estaciones de radio y canales de televisión abierta pretendiendo llegar a las comunidades más apartadas y, como medida principal se incorporó la modalidad online a través de distintas plataformas digitales.
Las intenciones eran buenas, “salvar” el ciclo escolar a como diera lugar. Mención aparte merece la gran carga de trabajo que se le vino a las maestras y maestros para adaptarse a estos nuevos esquemas y a las familias que, sin tener ninguna preparación en muchos casos, de la noche a la mañana se convirtieron en maestros de sus hijos, técnicos en sistemas y hasta psicólogos. Pero pronto quedaría en evidencia un problema mayúsculo, que no por conocerse anticipadamente, deja de ser dramática su exposición. La enorme desigualdad de la población en el acceso a las nuevas tecnologías.
La educación a distancia dejó excluidos a una gran cantidad de estudiantes y maestros por falta de acceso a internet y a equipos de cómputo que les permitieran hacer uso de las plataformas digitales. Según datos del INEGI (Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares-ENDUTIH), se estima que poco más de 20 millones de hogares cuentan con internet (móvil o fija) de un total de casi 35 millones de hogares. Es decir, alrededor del 60% de hogares están conectados a internet. Habría que analizar la calidad del internet que tenemos en México, que también es un grave problema. En cuanto a los hogares que disponen de una computadora el porcentaje es de 44.3%.
La brecha digital se traducirá en una brecha de aprendizaje para muchos niños y jóvenes de nuestro país. ¿Cuáles serán las consecuencias? Es difícil saberlo, pero seguro las habrá a mediano o largo plazo.
La salud es primero y eso nadie lo discute. Hasta este momento no se ven condiciones para volver a las aulas. El gobierno federal tendrá que hacer un replanteamiento para garantizar que, protegiendo el derecho a la salud, se proteja también el derecho a la educación de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Esperemos que así sea.
