CULIACÁN.- Muchas propuestas de AMLO siguen siendo motivo de burlas y memes que rápidamente se vuelven tendencia en las redes sociales. La más reciente, la rifa del avión, es una de ellas. Para la mayoría es una ocurrencia, una puntada o la famosa caja china que se utiliza para ocupar la atención pública en temas irrelevantes, trivialidades, un distractor. Al pueblo, pan y circo, como en la antigua Roma, parece decir el gobierno de Andrés Manuel.
Una fuerte crisis de seguridad, la economía estancada, el sistema de salud colapsado por la puesta en marcha improvisada del INSABI, son problemas que parecen ocurrir en un mundo paralelo. Es más divertido entrar a la especulación sobre lo que haríamos si nos sacamos el avión, no importa que tan ridículo suene, sonemos.
Mientras el mundo compartía la noticia, convirtiéndola en tendencia mundial, el gobierno federal prepara una propuesta de reforma al sistema judicial de este país que, por lo que se sabe hasta ahora, trae cambios preocupantes, por decir lo menos. Las razones formales que dio la Fiscalía General de la República son las que deben ser: prevenir los delitos, reducir la inseguridad, la impunidad y la corrupción. Las razones reales: eliminar todo lo que construyeron gobiernos anteriores sin detenerse en la valoración de lo que sí funciona para mantenerlo, o de lo que no funciona para mejorarlo. Ejemplos hay muchos.
La propia Fiscalía ha dicho que se trata de una reforma profunda al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, ese mismo que nos tomó 10 años y muchos miles de millones de pesos para ponerlo en marcha. Dicho sea de paso, más que una reforma suena a contrareforma, considerando que la propuesta incluye desaparecer una de las principales figuras del sistema, el juez de control y el tribunal de enjuiciamiento para regresar al modelo antiguo donde una sola persona maneja la legalidad del proceso. A decir de muchos juristas que han revisado ya el paquete de reformas que circuló en días pasados, implicaría terminar con el principio de presunción de inocencia en el cual, el Estado es quien debe demostrar la responsabilidad del acusado, para volver al sistema antiguo donde el acusado debe demostrar su inocencia. Es decir, todos somos culpables hasta que demostremos lo contrario. De vuelta a la santa inquisición.
La propuesta incluye reformas a 14 artículos Constitucionales y se crea un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluye la ampliación de la figura del arraigo a todos los delitos; permite que en determinados casos puedan ser válidas pruebas obtenidas de manera ilegal, a través de la tortura, por ejemplo. La cereza del pastel, es la politización de los cargos del Poder Judicial. Las reformas constitucionales que planteará el gobierno de AMLO proponen que sea el Senado de la República quien designe a jueces y magistrados.
Nuestros derechos humanos están siendo amenazados, las instituciones del Estado destruidas, la división de poderes socavada, pero el pueblo bueno prefiere voltear para otro lado.
