¿Podemos estar en contra de las protestas violentas como la de ayer y al mismo tiempo estar en contra de la violencia hacia las mujeres? sí, yo creo que sí podemos rechazar las dos cosas. ¿Una cosa justifica la otra? Yo creo que no, porque en todo caso, la violencia ejercida en este tipo de manifestaciones, no resuelve el problema de violencia que afecta a las mujeres. Incluso, creo que tampoco cumple la función de visibilizarla porque desvía la atención pública. Sin embargo, yo prefiero hablar de lo que es más grave y preocupante.
Según la encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016), siete de cada diez mujeres han sufrido violencia a lo largo de su vida, lo más grave es que en cuatro de esos casos el agresor fue su pareja o ex pareja, esposo o novio. Esto significa que el lugar más peligroso para las mujeres es el hogar y los agresores son personas muy cercanas. En segundo lugar, se encuentran los espacios como el transporte público, la calle y el parque, donde el agresor es un desconocido. En tercer lugar, es el trabajo, donde las agresiones son de tipo sexual, principalmente.
El drama que esto supone es que no hay ningún lugar seguro para las mujeres. En su casa, en la calle, en el trabajo, en el camión, el riesgo de muertes, desapariciones y violaciones es una realidad que lacera, que indigna y que nos debe obligar a la protesta desde todos los espacios. Del tamaño del problema, sin embargo, es el tamaño de la incongruencia con la que este Gobierno Federal ha tratado el tema. Mientras la estadística reconoce que diariamente mueren 9 mujeres por violencia feminicida, se eliminan los apoyos para los albergues que se dedican a resguardarlas cuando está en riesgo su vida y la de sus hijos. Aún cuando la independencia económica es fundamental para romper círculos de violencia doméstica, el gobierno de Andrés Manuel les niega la posibilidad de contar con guarderías para sus hijos, fundamental para su desarrollo laboral. Ahora la prioridad del presupuesto federal son los apoyos económicos (disfrazados de programas institucionales) a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos mayores, cuando muchos de ellos no necesitan dinero sino opciones de desarrollo personal y laboral.
