Labastida, Aguilar y Malova involucrados en tráfico de influencias por más de 800 mdp
También están involucrados Rubén Rocha, Jorge Villalobos y más ex legisladores y funcionarios
CULIACÁN.- Con base en resultados de un trabajo de investigación de casi dos años que se realizó en colaboración con Mexicanos Contra la Corrupción, Iniciativa Sinaloa dio a conocer casos de probables conflictos de interés y tráfico de influencias por más de 800 millones de pesos que involucran al menos a 16 personajes relevantes de la política estatal que fueron beneficiados con recursos públicos estatales y/o federales a través de la contratación de servicios de empresas propias o a nombre de familiares cercanos como contratistas o proveedores en los últimos diez años, algunos incluso en las mismas áreas, dependencias y hasta partidos en que desempeñaban los cargos.
Entre estos personajes están los ex gobernadores, Francisco Labastida Ochoa, Jesús Aguilar Padilla, y Mario López Valdez, así como el Senador Rubén Rocha Moya, los ex alcaldes Aarón Rivas, Alfonso Inzunza, y los ex diputados Mario Imaz, Misael Sánchez, Jesús Ibarra, José Menchaca, Silvino Zavala (también ex líder del SNTE 53) Oscar Valdez, el actual diputado Jorge Villalobos, y hasta el propio ex titular de la Auditoría Superior del Estado Antonio Vega Gaxiola, también figura el ex Secretario estatal Francisco Labastida Gómez de la Torre y el ex funcionario municipal de Guasave Francisco Miguel Retamoza.
“En total exponemos a 16 personajes principales, aunque se mencionan más de 20 de manera indirecta, con un probable conflicto de intereses y tráfico de influencias de más de 800 millones de pesos, de diversos partidos; tenemos el partido del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, personas vinculadas a Morena, al Partido Verde, a Nueva Alianza”, expresó Silber Meza, director de Iniciativa Sinaloa.
Dentro de este grupo, es el ex alcalde de Salvador Alvarado y ex diputado federal priista, Alfonso Inzunza Valenzuela quien tiene el mayor monto de presunto conflicto de interés con 277 millones 762 mil pesos , recursos que obtuvo en contratos públicos de 2002 a 2018 en su empresa constructora “Morada”.
De los exgobernadores, en el caso de Francisco Labastida y su hijo, el conflicto de interés se calcula en 14 millones de pesos, que van desde asignación de subsidios de Sagarpa, renta de inmuebles, hasta el nombramiento en cargos públicos de Labastida Junior. El monto del conflicto de interés de Jesús Aguilar Padilla es de 5 millones 500 mil pesos que recibieron su hijo y hermanos en empresas agrícolas y de construcción, cuando el político ocupó puestos de alta decisión en lo local y en lo federal.
El ex gobernador Mario López Valdez tiene un conflicto de interés por 38 millones 646 mil pesos, pues ferreterías Malova fue beneficiada con compras que suman casi 35 millones de pesos por parte de dependencias municipales y paramunicipales, como las juntas de agua locales, compras que se dispararon de 2013 a 2016, justo cuando ya fungía como gobernador de Sinaloa, con un promedio anual de 8 millones 692 mil 832 pesos.
Agregó que “no están todos los que son ni son todos los que están”, ya que sólo presentan los casos donde lograron obtener pruebas documentales, aclarando que tampoco se trata de partidos políticos, pues hay personajes de todos los colores.
“En Sinaloa la clase política ha utilizado un mecanismo poco sofisticado pero eficaz: han creado empresas reales a nombre de los propios políticos o familiares y han ganado contratos gubernamentales donde ellos tienen una amplia capacidad de influencia”, destaca el trabajo de Iniciativa Sinaloa.
En la metodología de la investigación se seleccionaron primero 50 políticos que ocuparon cargos de poder en el gobierno estatal, municipal así como legislativo en los últimos diez años y luego se buscaron empresas a su nombre o al de familiares cercanos que hubieran sido proveedores o contratistas de entidades públicas de los tres niveles de gobierno, donde el denominador común es que durante los periodos en que estuvieron en sus cargos de influencia aumentaron fuertemente los pagos de gobierno a estas empresas y al salir fueron disminuyendo.
Silber Meza, Director de Iniciativa Sinaloa señaló que , no es un asunto exclusivo de grupos políticos, sino de la clase política que ha “normalizado” esta práctica de corrupción, lo cual quedó demostrado en entrevistas de réplica que les realizaron donde respondieron que no cometieron ningún ilícito y otros como el ex diputado del Partido Verde Misael Sánchez que dijeron que “lo bueno es que ese acto ya prescribió y ya no lo pueden castigar”, mientras que algunos respondieron que tomaron todas las medidas necesarias para no caer en violaciones a la ley.
“Este trabajo visibiliza lo que los demás no quieren ver y será buen precedente para que los funcionarios sepan que si cometen estos actos terminarán siendo exhibidos y será una mácula en su trayectoria política”.
El activista dijo que es casi un mandato del Sistema Anticorrupción que este tipo de casos sean investigados y se emprendan las acciones legales correspondientes por las instituciones que componen el sistema así como por el propio gobierno y el poder legislativo.
La investigación completa donde se especifican los casos y los montos puede leerse en https://contralacorrupcion.mx/operacion-desfalco-sinaloa/
