CULIACÁN._ Con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que avala la norma que obliga a los hospitales públicos a garantizar la interrupción legal de embarazos que sean producto de una violación, ya no se va a judicializar ni se va a castigar a mujeres que hayan sido víctimas de este delito ni tampoco a los médicos que realicen el procedimiento, como venía ocurriendo en Sinaloa.
Así lo explicó el Doctor en Derecho Constitucional Gonzalo Armienta Hernández, al considerar que en Sinaloa hay una situación retrógrada en cuanto a estos temas que ya son de interés internacional en torno a los derechos humanos.
Con esta disposición de la Corte dijo que las mujeres ya no será requisito haber hecho la denuncia de la violación ante el ministerio público y sólo deberán presentar una manifestación bajo protesta de decir verdad para solicitar que se les practique el aborto en un hospital, antes de los tres meses de embarazo, dijo el abogado.
“Eso no quiere decir que estén obligados (los médicos), pero lo que sí quiere decir es que no se les va a castigar penalmente, no pueden ser procesadas, no pueden ser judicializadas las mujeres que practiquen el aborto y sobre todo porque también hay médicos que tienen una mentalidad más liberal, una mentalidad más actual, una mentalidad de respeto al derecho humano de la mujer, que estos médicos pues ya no vayan a ser procesados penalmente si se llega a practicar el aborto”.
El Doctor Gonzalo Armienta Hernández, integrante del Colegio de Periodistas y Escritores “José Cayetano Valadés”, recibió recientemente el Doctorado Honoris Causa por parte de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados y el Instituto Universitario de Puebla, principalmente por el trabajo que ha realizado en materia de defensa de los derechos indígenas.
