La Policía Municipal es el último recurso que tenemos como sociedad para evitar las faltas administrativas y contener los delitos. Es también la institución mediante la cual el Gobierno cumple con su obligación de proteger a la sociedad.
Sin embargo, algo tan elemental parece no entenderlo el Presidente de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. Como regla no escrita, los anteriores Presidentes de Culiacán hicieron siempre esfuerzos extraordinarios por ofrecerles estímulos económicos a través de bonos y del incremento salarial anual, cosa que este año no sucedió.
Estrada no solo disminuyó el incremento salarial que se venía dando del 5%, sino que además eliminó el bono de puntualidad que tenían, pero lo más grave e indignante han sido las expresiones que ha utilizado para referiste a ellos. Es cierto que el Gobierno de Culiacán enfrenta serias dificultades económicas, pero desde hace varios trienios no han sido mejores. Se trata de establecer prioridades, pero todo indica que a estas alturas ni el propio Estrada las tiene claras.
Las mujeres y los hombres que integran las corporaciones policiacas deben ser tratados con el respeto y la gratitud que merecen quienes arriesgan su vida por nosotros. Es obligación del gobierno darles un trato humano y hacer las gestiones necesarias para que reciban la más alta retribución económica posible y las mejores condiciones laborales para el desempeño de su heroica función.
El CPC del Sistema Estatal Anticorrupción levanta el telón. Son cinco ciudadanos quienes integran el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, solo una es mujer, por cierto, a pesar de que el Art. 17 de la Ley que lo rige establece que en su integración se “procurará que prevalezca la equidad de género”, alguien en el Congreso del Estado no leyó esa parte seguramente.
Desde su conformación poco se ha sabido sobre el trabajo que realizan, podemos pensar que han estado concentrados en generar las reglas y mecanismos para su organización interna y construir propuestas como la presentada hace unos días ante el Congreso del Estado donde proponen reformas a la Ley de Gobierno Municipal con el objeto de eliminar una gran cantidad de facultades del Síndico Procurador, dejándole únicamente las relacionadas con la contraloría social y la defensa jurídica.
Lo que plantean es que todas las facultades relacionadas con auditorias, responsabilidades administrativas, control del gasto entre otras, sean exclusivas del Órgano Interno de Control tal como lo establece la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. Esta propuesta me permite reafirmar lo que dije semanas atrás: la necesidad urgente de que el Congreso analice la figura del Síndico Procurador y replantee el rol que tendrá en el contexto de éste nuevo sistema.
El Matrimonio Igualitario avanza. El día de ayer se llevó a cabo la reunión de las tres Comisiones temáticas del Congreso responsables de analizar el Dictamen de Reformas al Código Familiar para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El dictamen se aprobó apenas con un voto de diferencia, 8 votos a favor y 7 en contra. Eso nos permite anticipar que no será un día de campo la sesión en la que se ponga a votación del pleno y su resultado parece incierto. Veremos que tanto pesan las resoluciones de la Corte que desde hace casi 5 años ha venido señalando que el Código Familiar atenta contra los derechos de la comunidad LGBT. Ahora sí, ya falta poco.
