La semana pasada fue, sin duda, la más compleja que ha enfrentado López Obrador en su condición de Presidente de México. La amenaza lanzada por Trump para imponer aranceles a todos los productos mexicanos tuvo un efecto importante a favor de la unidad nacional.
Todos los representantes de los sectores productivos, cámaras empresariales, académicos, políticos de todos los partidos, expresaron su respaldo a AMLO en la ruta por construir un acuerdo binacional. El acuerdo llegó el pasado viernes. Marcelo Ebrard en su carácter de Canciller encabezó las reuniones diplomáticas con los Estados Unidos.
El evento masivo al que Andrés Manuel convocó en “defensa de la dignidad de México” para realizarse el sábado pasado en Tijuana, siguió adelante, pero ahora sin amenaza de por medio, se convirtió casi en un festejo. Y digo casi, porque la única voz que cuestionó los términos del acuerdo, fue la del Presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, quien lo calificó de “inmoral e inaceptable… Por una parte -dijo- exigimos que nos abran las puertas y, por el otro lado, cerramos el paso de los centroamericanos para hacerle un oscuro favor a los Estados Unidos”.
A partir de ese día se han ido conociendo poco a poco los alcances de algunos de los compromisos que hizo México. El Gobierno enviará 6000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur. También permitirá que los solicitantes de asilo político esperen en México mientras se revisan y/o resuelven sus casos en Estados Unidos, mientras tanto se les tendrá que garantizar el acceso a vivienda, comida y empleos.
Son muchos los datos que aun no se conocen sobre las negociaciones, el propio Presidente Trump dijo que hubo acuerdos que serán anunciados en el momento apropiado, señalando incluso que algunos tienen que ser aprobados por el Congreso de la Unión.
Negociar implica construir acuerdos beneficiosos para ambas partes, pero a juzgar por lo que ya se ha hecho público, aquí no hubo negociación, hubo rendición. ¿A qué costo? ¡Pronto lo sabremos!
Matrimonio Igualitario a votación. Pareciera que ahora sí va en serio que el Congreso del Estado pondrá a discusión la reforma al Código Familiar para permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo, a decir de su Presidenta, Dip. Graciela Domínguez, esto podría ocurrir esta misma semana.
Están por cumplirse 5 años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como inconstitucional el Código Familiar, los mismos 5 años que el Congreso ha mantenido en la congeladora la iniciativa que propuse en esta materia. Casi 5 años en omisión legislativa.
Dado que se trata de una reforma legal y no constitucional, estoy segura que no habrá problema para reunir la mayoría simple que se requiere para su aprobación, es decir, los votos de la mitad más uno de los diputados presentes en la sesión. Sin embargo, vale mucho la pena revisar qué pasará con los que voten en contra. Ya anticiparon su voto negativo al menos dos integrantes de Morena, los dos del PAN Y el PRI sigue sin definición.
La Constitución Política Mexicana dice con toda claridad: “…Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos….”.
Por otro lado, la Constitución Política de Sinaloa señala como una causa para la instauración de juicio político “…la violación grave a disposición expresa” de la Constitución federal, local y sus leyes reglamentarias.
Negarle el derecho al matrimonio a la comunidad LGBT es claramente una violación a sus derechos humanos, podría esto considerarse como una falta grave que diera paso al juicio político u otro tipo de sanción? Valdría la pena explorarlo porque, lo que no puede seguir ocurriendo, es que las instituciones obligadas a garantizar el ejercicio de los derechos a todas y a todos, sean quienes los violenten sin que tengan alguna consecuencia por ello.
