Por ignorar la orden que emitió un juez federal para que se reactive el programa de Estancias Infantiles en Sinaloa, Jaime Montes Salas podría terminar en la cárcel con una condena de tres a nueve años.
El diputado federal Carlos Castaños Valenzuela, informó que este miércoles presentaron una solicitud ante el juzgado para que se obligue al ‘superdelegado’ a cumplir con lo que se le mandató tras el amparo presentado por las encargadas de estancias, tanto con la reactivación del esquema como con el pago del apoyo.
“Ya no tiene el pretexto para emitir ese pago. Si no lo quiere hacer nosotros nos estaremos presentando en los próximos días en la delegación de Bienestar para precisamente notificarle al ‘superdelegado’ que tiene que cumplir con este mandato judicial si no lo hiciera se le tiene que iniciar un proceso de desacato, y ese proceso tiene varias consecuencias, primero vendría una multa, inmediatamente después podría venirse la separación del cargo de Jaime Montés, incluso la prisión de tres a nueve años por el desacato a la orden de un juez”.
Castaños Valenzuela comentó que, tras haber ganado el amparo, el gobierno federal optó por impugnar la orden. A esto el juez se mantuvo a favor de las encargadas de las estancias y emitió un nuevo resolutivo que consiste en el pago del apoyo de 950 pesos por niño registrado en el programa, de enero hasta que concluya el proceso legal, y no solo a mayo como se estableció en un principio.
Por su parte el también diputado federal, Mario Mata, señaló que los delegados federales han actuado en contra de la ciudanía al llevar malos reportes al presiente. Por estos, acusó, se ha hablado de corrupción en un programa que servía para 329 mil menores de todo el país. Además, de que al momento no existe ninguna denuncia o investigación.
“No hay que darle más vueltas, fue una mala decisión con una mala información. El delegado que tenemos aquí, Jaime Montes; hizo un padrón patito. Llegaba a una casa y tocaba, si la persona se cambió de casa, lo marcaba como fantasma. A los poquitos que encontró los citó en un parque, que es ilegal. Claro que así jamás le van a cuadrar”.
En Sinaloa, son 189 encargadas de estancias las que están dentro de dicho amparo. A cada una de estas, gobierno federal se les debe 170 mil, cantidad que sólo corresponde de enero a la lo que va de junio.
