La discriminación se basa en una serie de estereotipos, prejuicios con profundas raices sociales, estigmas inmerecidos e injustificados. Promueve la intolerancia, el machismo, la xenofobia. Facilita los crímenes de odio y el abuso de autoridad.
La discriminación es un fenómeno muy complejo y con frecuencia deja al descubierto el tipo de sociedad que somos. Combatirla en sus diferentes dimensiones ha sido un proceso largo y en muchos casos, violento.
En el caso concreto de hombres y mujeres homosexuales, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales, cada vez tienen una participación más activa y visible en la sociedad. Han tenido que dejar el anonimato y salir a buscar por sí mismos el respeto a sus derechos.
Las múltiples marchas del orgullo gay que se realizan en todo el mundo, la gran cantidad de personajes públicos que se animan a “salir del clóset”, la inclusión de parejas del mismo sexo en múltiples series de televisión y la socialización de la cultura del respeto y la tolerancia impulsada desde las instituciones públicas y organizaciones civiles, han logrado que el tema esté de manera casi permanente en la agenda pública. Algo impensable hace apenas algunos 10 años.
Han sido muchos los avances logrados en la última década, sin embargo, la comunidad lésbico-gay sigue siendo objeto de discriminación en el ámbito laborar, social, familiar y religioso. La homofobia alcanza niveles alarmantes que propician burlas, violaciones, persecuciones y crímenes en su contra
El pasado 10 de abril, el Congreso de Yucatán rechazó por mayoría de votos reformar su Constitución para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. La presión de los grupos tanto a favor como en contra fue tan fuerte, que decidieron hacerlo en votación secreta.
En Sinaloa, desde el 2014 se presentó ante el Congreso del Estado (por quien suscribe), la primera Iniciativa de Reforma al Código Familiar para permitir que el matrimonio y el concubinato dejen de ser exclusivos para parejas conformadas por un hombre y una mujer, dando paso con ello al matrimonio entre personas del mismo sexo. Desde entonces se han sumado otras iniciativas en el mismo sentido y algunas otras que plantean retrocesos en el tema, y que la Corte ya ha declarado como inviables por ser inconstitucionales. Pero una legislatura tras otra, siguen usando todo tipo de excusas para evitar la elaboración de un dictamen primero, y su posterior presentación en el pleno.
Ciertamente cada persona tiene derecho a profesar la religión que quiera y en base a su escala de valores, dogmas o prejuicios, puede compartir o no la causa de la comunidad LGBT. Todos y todas sin excepción tenemos la libertad de sumarnos a su causa o no, como personas. Pero como servidores públicos, como Diputadas y Diputados, están obligados a cumplir con la Constitución Política. Desde el 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el Código Familiar de Sinaloa en su concepto de matrimonio y ordenó su reforma al Congreso del Estado. Hasta la fecha van tres sentencias de amparos en el mismo sentido.
En los últimos años hemos visto que gracias a la influencia de las redes sociales, cualquier acto de discriminación que se hace público trae consecuencias muy negativas para el agresor. La pregunta es quién sanciona al Congreso por discriminar sistemáticamente a los hombres y mujeres de la comunidad gay, que al igual que a nosotros la Constitución les reconoce derechos que las distintas instituciones del Estado están obligadas a garantizar su ejercicio.
Ya son 15 Estados de la República que dieron el paso hacia una sociedad más incluyente e igualitaria. Sinaloa cuándo? #MatrimonioIgualitarioYA
