OPINIÓN

Ley Nacional de Extinción de Dominio

El pasado 25 de julio la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Extinción de Dominio y después de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación entró en vigor el pasado 10 de Agosto.

En términos simples y llanos lo que se busca con esta Ley es darle facultades al Estado para quitarle los bienes a personas vinculadas con diferentes delitos y que no pueden acreditar la procedencia legítima de los mismos o bien, que se encuentren relacionados (los bienes) con investigaciones derivadas de hechos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos, secuestro, trata de personas, crimen organizado, narcotráfico, entre otros tipos penales establecidos en el catalógo de delitos establecidos en la misma Ley.

Hasta este punto creo que todos compartimos el espíritu de esta figura que, por cierto, no es nueva. La extinción de dominio está consignada en la Constitución Mexicana desde 2008 y estaba regulada por la Ley Federal de Extinción de Dominio que acaba de ser abrogada. Este instrumento jurídico es la respuesta que han encontrado muchos países para intentar recuperar los bienes y ganancias que las organizaciones criminales logran de manera ilegal y que, en muchos casos siguen disfrutando de ellos aún después de ser
procesados en un juicio y sentenciados. Por eso reitero que el propósito general es muy correcto. Pero como dice el dicho, el diablo está en los detalles.

Contrario a la Ley anterior, en esta se permite al Estado quitar los bienes de manera anticipada, incluso antes de que inicie el juicio. El Ministerio Público puede solicitar confiscar los bienes de manera precautoria y tendrá hasta 6 meses para decidir si demanda o no. Además y lo que es más grave, te pueden quitar tus bienes incluso si resultas inocente. Para decirle simple y llanamente, el gobierno puede quitarle a cualquier ciudadano bienes supuestamente “ilícitos”, venderlos y utilizar ese dinero en programas sociales. Todo esto sin que exista de por medio una sentencia condenatoria. En caso de que al final del juicio se acredite que los bienes fueron obtenidos de manera lícita el gobierno solo está obligado a dar una indemnización o un pago, pero no a regresarte los bienes. Ya no existe la reparación del daño como en la antigua Ley.

Con la Ley anterior, si resultabas inocente, te regresaban los bienes. Con esta nueva pueden declararte inocente en el juicio penal y quitarte tus cosas y venderlas a través de un juicio civil, porque se trata de dos juicios diferentes.

Podrían pensar que quienes deben preocuparse son los dueños del dinero o los narcotraficantes o los políticos corruptos o los que se dedican al “huachicoleo”, pero no, aquí todas las personas estamos expuestas. TODOS SIN EXCEPCIÓN.

Pensemos en una familia de campesinos que es amenazado por el crimen organizado para producir droga en sus tierras y que por miedo no denuncia. Esta nueva Ley, a diferencia de la anterior, permite ir contra tierras ejidales si sus dueños no denuncian. Esa familia de campesinos, además de la extorsión y el peligro puede quedarse sin su patrimonio.

Imaginemos un trabajador asalariado que con mucho esfuerzo cubrió el pago de su crédito Infonavit y logró disponer de otro crédito y se hizo de otra casa que renta, para que –como decimos- se pague sola. Si esa casa se utiliza para actividades ilícitas, o si existe la sola sospecha de que se use para esos fines, el Estado se la puede quitar sin un juicio de por medio. Y así podemos enunciar muchos casos posibles que evidencia que esta nueva Ley puede convertirse en un instrumento para las arbitrariedades y el abuso de poder.

Claramente se pone en riesgo la seguridad jurídica, la presunción de inocencia y el derecho a la propiedad. Por el bien y la tranquilidad de todas y todos esperemos que pronto tomen acciones jurídicas para detenerla los grupos minoritarios del Congreso de la Unión, que son los primeros obligados a defendernos.

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