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Inhabitable penal de Aguaruto

Se han invertido 75 millones de pesos para brindar las condiciones que exige la Ley Nacional de Ejecución Penal

En 2016, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Nacional de Ejecución Penal misma que exige a los estados, el cumplimiento de ciertos requisitos en cuanto a la condición de vida de los reos, infraestructura carcelaria y seguridad tecnológica en los penales.

A partir de esa legislación, el Gobierno Estatal tiene cuatro años para cumplir las normas planteadas. El subsecretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda confirmó que a dos años de la aprobación de esa ley, el penal de Aguaruto cumple sólo con una cuarta parte de las normatividades.

“En cuanto a la norma todavía estamos lejos de cumplirla, yo creo que llevamos un 25 por ciento en términos generales…”

En la penitenciaría de Aguaruto se construye un nuevo módulo mientras que otro ya está habitado por al menos 10 reos. Cada celda mide 18.5 metros cúbicos y alberga a cinco convictos que gozan de cierto confort como aire acondicionado. Cuando los dos módulos estén completos podrán recluir a 500 reos. Se han invertido 75 millones de pesos.
Desde la subsecretaría de seguridad afirman que además de infraestructura, la cárcel de Culiacán carece de ciertas medidas de seguridad.

“Falta mucho en cuestión de mecanismos tecnológicos, tiene que haber cierta cantidad de custodios por cada interno es una normatividad bastante extensa, los protocolos de seguridad en cuanto a las cuestiones… No solamente la inversión va en obra, también se tiene que hacer equipamiento, los sistemas de seguridad tienen que colocarse las cámaras etcétera…”

El pasado 22 de julio, dos reos de alta peligrosidad escaparon del módulo ya habilitado. Burlaron seis puntos de seguridad y escaparon por la puerta principal de Aguaruto. Cristóbal Castañeda dijo que la tecnología no basta cuando el personal custodio estuvo involucrado en la fuga.

“Nos falta avanzar en el tema del factor humano, realmente hubo elementos que faltos de toda ética y toda conciencia, con la sociedad sinaloense son los que facilitaron la salida…”

El Gobierno del Estado trabaja contra reloj; le restan dos años para cumplir con la exigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal que exige calidad de vida para los reos y además, sistemas de seguridad efectivos.

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